“Las instituciones no marchamos al ritmo de los tambores”: presidente de la Corte Constitucional habla sobre presiones para elección de Fiscal General

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas se estrenó como presidente de la Corte Constitucional con una situación atípica, el asedio sobre el Palacio de Justicia por parte de manifestantes que reclamaban a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la elección inmediata de la nueva Fiscal General.

Aunque Reyes descartó que se tratara de un secuestro de los magistrados de las cuatro cortes que comparten el espacio del Palacio, sí advirtió que no fue un tema menor y sostuvo que se equivocan quienes creen que las instituciones “galopamos al ritmo de los tambores”.

Reyes, quien estará en el cargo hasta 2025, recordó que la sociedad es libre de marchar y protestar, pero aseguró que los entes judiciales se toman el tiempo necesario para asumir decisiones, dado que “los jueces no tienen partido, solo militan en la Constitución, ese es su credo”.

Se dice que hay un vacío jurídico en la elección del Fiscal General porque el Presidente terna, pero la Corte es la que vota, ¿qué opina?

En todo lo que parece no funcionar, porque hay algún interés, la gente dice que tiene un vacío jurídico, pero uno podría inventarse unas cosas locas: “Mire, si la Corte a la que se le manda una terna no elige en los seis meses siguientes, el Presidente escogerá al Fiscal”. Entonces la Corte diría: “Saquemos al mes esto, porque si no el Presidente lo hace”.

Son cosas que se pueden regular, pero no es lo que tenemos, ni siquiera sabemos si es lo óptimo y no hay mecanismos de reemplazo por la dilación u omisión. En el Consejo de Estado hay magistrados que han tardado más de dos años en ser elegidos, así como en la Corte Suprema.

Son cosas que hay que asumir con calma. En las Cortes hay deliberaciones profundas sobre la conveniencia o no de candidatos. Hay cosas que el público no sabe que impiden a los candidatos sacar votos.

Si se quiere una elección más corta, seguramente el Legislativo tendrá que asumir ese empeño y regularla. Pero, ¿si existe vacío? No. Que no satisfaga las formas en las que otros quisieran no hace que sea un vacío.

¿Cree que el mecanismo de elección de Fiscal, como lo plantea la Constitución, es legítimo?

Tendría que opinar más como académico que como magistrado. Si me pongo a opinar como magistrado, yo digo “ese es el que es”, ese es el que diseñó el Constituyente del 91, porque cuando se discutió si la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial o al Ejecutivo, se examinaron todos los pros y contras para, al final, decir: “Tenemos un fiscal que hará parte de la Rama Judicial y, por lo tanto, tiene la garantía de independencia, autonomía, idoneidad frente a los conflictos”, y esa sigue siendo la regla.

Ahora, algunos piden que sea al revés, que el Presidente elija de una terna que haga la Corte no sé qué, pero digamos que eso es parte de la imaginación de los juristas, pero el diseño constitucional funciona así.

Las personas que se han desempeñado en la Fiscalía lo han hecho bien, con competencia. Ha funcionado, seguramente hay cosas que ajustar, pero el sistema que hay es el que es.

¿Como académico piensa lo mismo?

No. En principio pensaba que un sistema en el que la Fiscalía hiciera parte de la Administración más que de la Justicia tenía una ventaja, y era que toda la impunidad que la sociedad soportaba tenía un culpable, que es el Ejecutivo, porque no dedicaría los suficientes medios de Policía, de prevención e investigación. Entonces la impunidad legitimará o deslegitimará a una autoridad. Hoy día uno no puede decir que la impunidad está, haga de cuenta, en la Fiscalía, porque la Fiscalía no maneja sus recursos económicos, por ejemplo, para decir “es que tengo mil policías judiciales y necesito diez mil”. No tiene cómo solventarlo. Por eso, en los países donde la Fiscalía hace parte del Ejecutivo, al final, cuando hay mucha impunidad, quien rinde las cuentas es el Gobierno. Tienen responsabilidades compartidas.

¿Cree que las manifestaciones pueden convertirse en un escenario de presión para la CSJ?

Sí, porque afecta la libre deliberación, pero lo que hay que defender es que la gente pueda manifestarse. Puede hacerlo, ni más faltaba, pero creo que los magistrados se sentirían más tranquilos y en la posibilidad de elegir si no tuvieran esa presión. Lo que no puede hacer es decir: “no me presionen, sino no elijo”.

La verdad es que la gente puede marchar y pedir libremente, y la Corte puede tomarse sus tiempos.

¿Pronostica alguna decisión de este año que podría causar manifestaciones u opiniones divididas?

Lo que pasa es que existe un clima de reforzamiento de la necesidad de decidir por parte de los colectivos, que los lleva a marchar y a entender que su voz presiona, suma y ayuda, pero las instituciones no galopamos al ritmo de los tambores de las marchas.

El Congreso sacará sus reformas a la salud, a las pensiones, a lo salarial, según su leal y sabio entender y de acuerdo a la deliberación pública que ellos estimen del caso y según cómo las fuerzas políticas se alíen.

Los jueces podemos tener mil personas o cincuenta mil en la plaza diciéndonos “no al aborto”, y si los jueces creemos que el aborto es un derecho de las mujeres, pues lo sacaremos, incluso si toda esa plaza está en contra de nosotros.

Aspiramos a que haya suficiente deliberación para una decisión, que al final la gente entienda que cada quien tiene sus competencias y que, en la medida en que se respete la Constitución para tomarla, la determinación tendrá que ser acatada, por mucho que no les guste.

El Gobierno ha intentado tener acercamientos con la Corte, ¿qué puede decir de esas relaciones?

Nosotros tenemos unas relaciones institucionales armoniosas. No existe nada de confrontación. A veces dicen que somos parte de la oposición, pero somos jueces, y los jueces no tienen partido, solo militan en la Constitución, ese es su credo.

Cualquier clase de choque, de control, de animadversiones, parte del imaginario popular y hay que respetarlo, pero tenemos la más armoniosa relación con el Ejecutivo.

¿Aun en temáticas como la emergencia en La Guajira o el fallo sobre deducibilidad de regalías?

Sí, porque la Corte hace lo que tiene que hacer, inclusive si al Presidente no le gusta. Entendemos al Mandatario, quien como ser humano siente frustración, ni más faltaba. Porque si él se toma el trabajo de sacar todas estas cosas, es porque cree en ello, pero nosotros creemos que no lo hizo conforme a la Constitución y por eso se cayó. Así esté molesto, pues tiene derecho en estarlo, pero también quisiéramos que entendiera que ese es nuestro trabajo, esa es la forma como garantizamos la democracia.

Usted se estrena como presidente de la Corte Constitucional, ¿cuáles son los retos de este año?

El reto de todos los presidentes es mantener el nombre de la Corte, entender que es muy importante, nacional e internacionalmente, y que su jurisprudencia tiene un prestigio que debe mantenerse. Además, la Corte hace parte del sistema de los pesos y contrapesos que en una democracia son la esencia. De suerte que sigue manteniendo esa característica, que es trascendental para la vida y la paz del país.

Aparte de eso, los programas que los presidentes nos encargamos de echar para adelante: la tecnología; la utilización, en alguna medida, de la Inteligencia Artificial; la pedagogía con todos los sectores públicos, con jueces, con periodistas; la pedagogía con niños, que es absolutamente trascendental; la educación en democracia para los niños, seguir defendiendo sus derechos; insistir en los temas de equidad de género, la perspectiva de género en las decisiones judiciales y en que las Cortes sean paritarias.

El Gobierno también insistirá este año en reformar la justicia, ¿qué cree que debería cambiar?

La Corte no puede opinar sobre esos temas, porque tiene que ocuparse de una eventual ley estatutaria que reforme a la justicia. Pero quisiera decir, como preocupación particular de un ciudadano, que los temas de la reforma a la justicia no están tanto en el nivel central, en quién elige a los magistrados, cómo se eligen o por cuánto tiempo, sino en el acceso a la justicia, en que la gente vulnerable, joven, campesina o de los territorios tenga un juez expedito, que no esté lleno de trabajo y de procesos, que pueda resolver sus causas pronto, un juez a la mano para la gente que no tenga recursos económicos.

El acceso a la justicia es el gran tema, más que otros que también son importantes. Creo que quienes se estén ocupando de eso entenderán cuáles son las particularidades, y la Corte, en su tiempo, resolverá lo que tenga que resolver.

Hay quienes dicen que los procesos judiciales deberían ‘tutelizarse’, volverse más ágiles, ¿lo ve posible?

Como filosofía es muy importante. En realidad, la tutela es la tutela y los demás procesos son los demás procesos, pero la idea de ‘tutelizar’ la justicia, que es una idea que se va volviendo vieja y añosa, es que los procedimientos tienen que ser céleres, que no tienen que ser necesariamente escriturarios, sino que deben estar exentos de tantos ritualismos, rotulados, de tantas autenticaciones; que la justicia debería ser menos pesada y más dúctil.

En esa medida, los jueces deberían usar un lenguaje más simpático. Uno de mis propósitos es lograr que todos escribamos más corto, más transparentes, sin tantos latinazgos, frases rebuscadas y palabras desconocidas.

Hacer una justicia más a la mano del ciudadano de a pie, de los niños, de los migrantes, de las personas con discapacidad; hacer una justicia más amable, más dúctil, más rápida, menos congestionada.

Esa es la idea. Lastimosamente, somos muy procedimentalistas, y eso es un fardo que carga la justicia y del que tendría que liberarse pronto.