JEP citó a Danilo Rueda a audiencia de medidas cautelares

La sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP convocó al Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos ante la Jurisdicción.

Según el auto SAR AT-028-2023, el comisionado Rueda, quien es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), tendrá que presentar ante la JEP el plan de acción y la política pública con respecto al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país.

La jurisdicción informó que esta decisión se tomó luego de los incumplimientos de comisionado, luego que el pasado 16 de enero se venció un nuevo plazo otorgado para que presentara dicho plan y la política pública, que reduzcan el impacto de la violencia y particularmente la muerte de excombatientes. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc-EP.

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Se determinó que la urgencia para conocer estos informes también es necesario para conocer la política pública para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022.

“Además del desarrollo de la política pública que se le pidió al Gobierno que se requiere de forma inmediata para alcanzar justicia y desestructurar las organizaciones, esa política constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición”, expresó la sala.

La citación quedó para el próximo martes 28 de febrero entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en las instalaciones de la JEP en Bogotá.

A la audiencia también están citados una representante permanente por de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de paz.