Inpec responde a polémica por asistencia de cabecillas criminales a evento del presidente Petro en Medellín

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se refirió este lunes sobre el evento en Medellín que lideró el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio.

Dicho evento se tornó polémico debido a la presencia de cabecillas de bandas criminales, los cuales pagan sus condenas en la cárcel de Itagüí.

Semana reveló en exclusiva que la entidad argumenta que actuó bajo facultades legales propias, lo que ha encendido el debate jurídico y político sobre la legalidad del traslado y el papel del Gobierno en los acercamientos con estructuras del crimen organizado.

Así se dio la salida, según el Inpec

El Inpec confirmó oficialmente que permitió la salida de nueve personas condenadas por delitos como concierto para delinquir agravado, quienes actualmente están recluidas en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia.

Los individuos fueron trasladados en la noche del 21 de junio al centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, donde asistieron a un evento liderado por el presidente Gustavo Petro en el marco de los diálogos de “Paz Urbana” con organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

Entre los asistentes se encontraban reconocidos cabecillas de grupos ilegales, como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, y Freyner Alonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’.

Y es que ambos sujetos, aparte de ser señalados como líderes de estructuras criminales, son responsables de homicidios, extorsión y narcotráfico.

De igual forma, a estos individuos se sumó la asistencia de:

1. Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo.
2. Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa.
3. Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
4. Élder Darbry Zapata Rivera, alias Grande Pa.
5. José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.
6. Dayron Alberto Muñoz Torres.
7. Walter Alonso Román Jiménez.

Ahora bien, en respuesta a un derecho de petición, Semana informó que el Inpec expuso que no requirió autorización judicial para realizar el traslado, invocando el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución y el artículo 72 de la Ley 65 de 1993.

Según la entidad, estas normas le otorgan autonomía para disponer temporalmente de los reclusos en coordinación con el Ejecutivo, siempre que se trate de acciones institucionales.

“El presidente, en su calidad de suprema autoridad administrativa del Inpec, ha formulado, por conducto de la coordinadora delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico de paz total (...)”, revelaron a Semana.

La solicitud de traslado fue hecha formalmente por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora del mencionado espacio de diálogo.

Su carta dirigida al Inpec ha sido citada como evidencia en las denuncias interpuestas por presunta extralimitación de funciones, ya que para sectores políticos y jurídicos, la medida no se ajusta al debido proceso.

Este documento ha sido clave para la activación de acciones judiciales en contra de la senadora y del propio Inpec, por lo que el episodio ha adquirido dimensiones legales complejas que podrían escalar en el ámbito penal y disciplinario.

Finalmente, la polémica se mantiene abierta y aunque el Inpec asegura haber actuado dentro del marco legal, la interpretación de sus facultades y el rol de Petro en la decisión están siendo objeto de escrutinio.