Gobierno mantendrá Política de Paz con Legalidad durante la cuarentena

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno mantendrá su compromiso con la Política de Paz con Legalidad, lo que significa continuidad de los distintos programas y la protección a los excombatientes en cuanto a seguridad, salud y necesidades básicas.

Así lo manifestó el funcionario al referirse a la propuesta de un sector del uribismo para que el Ejecutivo destine parte de los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc a la mitigación de la crisis generada por el Covid-19.

“Hace días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas felicitó al presidente Iván Duque. Todos los embajadores le agradecieron que, no obstante las dificultades derivadas del Covid-19, mantenga su voluntad de seguir adelante con su Política de Paz con Legalidad”, afirmó Archila.

Puede leer: Caleños narran crisis del Covid-19: así es estar varado en un crucero en el Caribe

¿Es viable la propuesta de un sector del Centro Democrático para que parte de los recursos para la Paz sean destinados a atender la emergencia?
​
Lo primero que hay que aclarar es que no existe un rubro que se llame recursos exclusivos para la Paz. Hay distintos frentes de implementación de los Acuerdos, que se nutren de varias fuentes. Hay algunas labores de la Política de Paz con Legalidad que les corresponde a los distintos ministerios, a las agencias y a los organismos del Gobiero, y que hacen parte de sus propios presupuestos. En la medida en que el Ministerio de Hacienda hizo una reasignación de recursos para la pandemia, la implementación de la Paz ya hizo una contribución significativa.

¿Cómo ha sido esa contribución?
​
A algunas de las fuentes del Ocad Paz (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) le hicimos variaciones para que se puedan presentar proyectos de fortalecimiento de infraestructura de salud y de provisión de elementos de salud. Ya hay unos proyectos que están en curso.

Además, muchos de los proyectos que implican el cumplimiento de la Política de Paz con Legalidad son proyectos que el Presidente había señalado como temas de país, como avanzar en vías terciarias, mejorar las zonas rurales, mejorar las condiciones del agua en zonas apartadas y las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

En la medida en que se han dado reasignaciones de muchos de los programas, la parte correspondiente a la implementación de la Paz ya ha puesto una gran cuota de solidaridad.

¿Pero se pueden ver afectadas las entidades de Paz por eso?
​
Para esas entidades, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo un esfuerzo muy grande de mantenerles su presupuesto, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad no van a tener ninguna restricción.

“Hicimos lo necesario para mantener el apoyo financiero a excombatientes. Tenemos el 98 % de ellos en el sistema de salud. Adoptamos protocolos adicionales de higiene y reacción en caso de presentarse algún caso de Covid-19”.

¿Y qué pasa con los programas relacionados con la sustitución de cultivos o de enfoque territorial?
​
Las poblaciones que se atienden con la implementación de la Política de Paz con Legalidad, que son poblaciones vulnerables y débiles, en lugar de ser candidatos a que les quiten recursos, son candidatos a seguir recibiendo los apoyos que les estamos dando. Hemos hecho todo para fortalecer nuestro apoyo a las víctimas, particularmente, con ayuda humanitaria.

De igual forma, a más de 400.000 personas que están en los programas de sustitución voluntaria de coca, que además de ser personas muy pobres, necesitan que las sigamos apoyando con mayor fortaleza.

¿Y qué pasa con los excombatientes de las Farc?
​
Son 13.000 familias de excombatientes que, obviamente, no solo necesitan que les mantengamos los apoyos, sino que lo hagamos de una manera segura, como lo hemos venido haciendo. Seguimos brindándoles todas las garantías.

Lo mismo pasa con los 6,6 millones de habitantes colombianos que están en los 170 municipios Pdet, que son los municipios que están más débiles para afrontar la pandemia. Esas poblaciones necesitan es que las sigamos apoyando.

Hablando de los excombatientes, en medio del aislamiento obligatorio en que se encuentra el país han sido asesinados siete. ¿Qué se está haciendo en este aspecto?
​
Durante este tiempo hemos mantenido toda la seguridad en los espacios territoriales. Donde tenemos un batallón completo del Ejército y un batallón completo de la Policía, esto se ha mantenido.

Recordemos que mientras en Colombia hay un policía por cada 500 ciudadanos, nosotros tenemos entre la Policía y el Ejército, un miembro de la Fuerza Pública, por cada 16 excombatientes, pero no hemos bajado la guardia ni un solo día.

¿Se ha pensado en reforzar estas medidas?
​
Cada quince días se reúnen los responsables directos a evaluar cómo estamos andando y cada vez que nos reunimos ajustamos a las necesidades que se vayan presentando para reforzar esas más de 40 medidas especiales de seguridad.

¿Con la ampliación de la cuarentena se aumentará también la atención a ellos por la pandemia?
​
Estamos revisando para saber si necesitan ser reforzadas. Logramos entregarles más de 6800 kits de higiene a los excombatientes y seguimos monitoreando otras necesidades con el apoyo de ministerios como el de Agricultura.

Tenemos cinco gerentes de estabilización que cubren todas las zonas y tenemos presencia en los comités de desastre de cada uno de esos municipios para tener información de primera mano, además de que mantenemos las reuniones institucionales. En los 24 puntos donde estaban los antiguos espacios territoriales tenemos equipos de la Agencia de Reincorporación.

¿Qué mensaje de tranquilidad le envía a quienes están en el proceso de implementación de la Paz?
​
Lo que le debe quedar muy claro a toda nuestra población, a las víctimas, a los excombatientes que están en proceso de sustitución voluntaria de coca y al país en general es que la vocación del presidente Iván Duque de implementar su Política de Paz con Legalidad es de largo aliento.

Nosotros no vamos a cesar en los esfuerzos por lograr que se den los cambios que el país necesita. Obviamente, todo lo estamos haciendo con un margen de solidaridad con quienes están siendo afectados por la pandemia y teniendo en cuenta todos los cuidados que se deben tener para proteger la salud y la seguridad.