Gobierno de Gustavo Petro dejó varios desafíos en la lucha contra la corrupción, según Transparencia por Colombia

A solo días de su salida del poder, el presidente Gustavo Petro habría dejado varios compromisos en el tintero, los cuales deberán ser una prioridad para el gobierno entrante.

De forma concreta, la lucha contra la corrupción sería una de esas tareas pendientes que dejó el gobierno saliente, según indicó Transparencia por Colombia.

Desde esa organización señalaron que el próximo Gobierno tendrá el desafío de fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos y evitar que las alertas por posibles irregularidades se queden únicamente en denuncias.

En ese sentido, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dio en entrevista con La FM una serie de recomendaciones enfocadas en reforzar la vigilancia de la contratación estatal y acelerar las actuaciones de los organismos de control cuando existan indicios de posibles hechos de corrupción.

“La preocupación es que esas alertas se traduzcan en investigaciones con datos robustos y, sobre todo, en decisiones por parte de los órganos de control frente a posibles irregularidades y sus responsables”, afirmó Hernández.

Las advertencias también coinciden con los resultados del empalme técnico realizado con la Contraloría. En medio de ese proceso, el exministro de Minas, Juan Camilo Restrepo, calificó el panorama como una “orgía contractual”, mientras que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que existiría un déficit cercano a los 30 billones de pesos.

Uno de los puntos que más preocupa a la organización está relacionado con el comportamiento de la contratación pública tras el levantamiento de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías.

De acuerdo con el seguimiento realizado por Transparencia por Colombia, se evidenció un incremento en la celebración de contratos durante las semanas posteriores a esa medida.

“Desde Transparencia por Colombia hemos documentado un notable pico de contratación posterior a la Ley de Garantías”, señaló el director ejecutivo.

Según el informe citado por la organización, entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 fueron registrados 43.092 contratos en las plataformas SECOP I y SECOP II. Ese comportamiento, indicaron, encendió las alertas sobre la importancia de reforzar la vigilancia de la contratación y el control sobre el gasto público.

“El cuidado de los recursos públicos debe ser una constante en nuestra acción nacional”, enfatizó.

Para la organización, el seguimiento a la ejecución de los recursos estatales no debería depender de los cambios de administración ni de los ciclos políticos. Por el contrario, consideran que las acciones de vigilancia y control deben mantenerse de forma permanente para prevenir posibles irregularidades en la contratación pública y garantizar un manejo adecuado de los recursos del Estado.