Contraloría advierte riesgos fiscales por presión sobre las finanzas y aceleración de la contratación del Gobierno

La Contraloría General de la República activó una Función de Advertencia al Gobierno Nacional tras identificar riesgos en el manejo presupuestal, financiero y contractual del Estado, derivados de las restricciones de caja, las dificultades de financiación y el aumento en la contratación pública durante el último mes.

El llamado de atención hace parte del informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.

Según el organismo de control, durante ese lapso se evidenció una intensa dinámica contractual, marcada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. En ese contexto, la entidad considera necesario mantener un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones adquiridas cuenten con una adecuada planeación presupuestal y financiera, así como con la capacidad real de ejecución durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.

La Contraloría señaló que las finanzas públicas atraviesan un escenario complejo por el menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajustes al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las crecientes presiones sobre la liquidez del Gobierno.

Frente a ese panorama, el ente de control advirtió que cualquier aceleración en la ejecución de compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe estar respaldada por la disponibilidad efectiva de recursos y por la posibilidad real de ejecutar los proyectos comprometidos.

Como parte de su análisis preventivo, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que, a su juicio, pueden comprometer la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público si no son objeto de vigilancia permanente.

Entre los principales riesgos se encuentran la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el incremento de la contratación directa y la concentración de contratos, así como posibles debilidades en los mecanismos de control y supervisión contractual.

La entidad explicó que el propósito de la Función de Advertencia es evitar que estos riesgos se traduzcan en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio del Estado o eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto.

“La gestión fiscal no se limita a ejecutar recursos, sino que implica garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible desde el punto de vista financiero y jurídico”, señaló la Contraloría al explicar el alcance de la medida.

El organismo recordó que, en desarrollo de sus competencias constitucionales, tiene la obligación de advertir de manera oportuna sobre situaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio público y, de materializarse dichas situaciones, iniciar las actuaciones de responsabilidad fiscal correspondientes.

La advertencia fue dirigida al Gobierno Nacional y, de manera particular, al Ministerio de Hacienda, como responsable de la administración del Presupuesto General de la Nación, para que, a través de esa cartera, se adopten las medidas pertinentes por parte de los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central.