Reforma tributaria: impuesto al patrimonio desde $2000 millones e IVA a la gasolina

A dos semanas de finalizar el periodo constitucional del presidente Gustavo Petro, la Dian radicó una nueva propuesta de reforma tributaria con la que el Gobierno espera obtener un recaudo adicional de $22 billones. Se trata del cuarto intento de la Administración por modificar el sistema tributario y fortalecer las finanzas públicas.

La iniciativa plantea, entre otros puntos, elevar el IVA aplicado a los combustibles, ajustar el impuesto al patrimonio y modificar las exoneraciones en el pago de aportes parafiscales que actualmente reciben los empleadores.

En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, defendió la presentación del proyecto en la recta final del mandato y explicó los principales alcances de la propuesta.

Frente a las críticas por radicar una reforma tributaria a pocos días del cambio de Gobierno, Betancourt aseguró que la responsabilidad de las autoridades fiscales se mantiene hasta el último día del mandato.

Según explicó, la estabilidad de las finanzas públicas depende de tres factores: el recaudo de impuestos, el control del gasto y el manejo del endeudamiento. En ese sentido, afirmó que la actual administración ya realizó un recorte superior a $30 billones en el presupuesto nacional.

El funcionario añadió que el 93 % del gasto público es de carácter inflexible y señaló que una parte importante de la nómina estatal corresponde a sectores como la fuerza pública, la salud y la rama judicial.

También sostuvo que la Constitución permite que el Congreso continúe tramitando proyectos hasta el cierre de la legislatura y que la iniciativa busca dejar planteada la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá asumir el próximo Gobierno.

IVA a la gasolina y al diésel

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es el incremento del IVA para la gasolina y el diésel, cuya tarifa pasaría del 5 % al 19 %.

Betancourt aseguró que la medida no afectaría directamente los productos que conforman la canasta familiar ni los servicios públicos, al señalar que la propuesta no modifica los impuestos sobre alimentos o bienes esenciales.

Respecto al impacto que podría tener el mayor costo del combustible sobre el transporte de carga y los precios de los alimentos, indicó que el aumento estimado sería inferior a $450 por galón y que la aplicación del ajuste sería gradual entre 2027 y 2028. Además, afirmó que la medida responde a recomendaciones internacionales encaminadas a reducir los subsidios a los combustibles fósiles y promover la transición energética.

Cambios al impuesto al patrimonio

La propuesta también modifica el impuesto al patrimonio para personas naturales con patrimonios líquidos superiores a $2.100 millones, descontando el valor de la vivienda hasta el límite previsto por la ley, lo que elevaría el umbral efectivo de tributación a cerca de $2.700 o $2.800 millones.

De acuerdo con las proyecciones de la Dian, el gravamen alcanzaría aproximadamente a 104.000 contribuyentes, distribuidos así:

• Entre $2.100 millones y $3.700 millones: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0,2 %.
• Entre $3.600 millones y $6.500 millones: 17.000 contribuyentes.
• Entre $6.000 millones y $12.000 millones: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1,3 %.
• Patrimonios superiores a $13.000 millones: 2.900 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 2,8 %.
• Patrimonios superiores a $151.000 millones: 66 contribuyentes.

Ajustes a las exoneraciones parafiscales

Otro de los cambios propuestos modifica el artículo 114 del Estatuto Tributario, que actualmente exonera a los empleadores del pago de aportes a salud, Sena e ICBF para trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La reforma plantea reducir ese beneficio y limitarlo únicamente a empleados con ingresos de hasta tres salarios mínimos.

Según Betancourt, la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen trabajadores dentro de ese rango salarial, por lo que el impacto recaería principalmente sobre empresas con personal de mayores ingresos.

Gasto público y programas sociales

Durante la entrevista también se abordó el crecimiento del gasto público y la contratación estatal durante el actual gobierno. Sobre los informes de organizaciones como Transparencia por Colombia relacionados con contratos de prestación de servicios, el director de la Dian dijo no conocer en detalle esas cifras.

No obstante, sostuvo que el aumento del gasto responde a las obligaciones sociales establecidas en la Constitución de 1991 y aseguró que los recursos se han destinado, principalmente, a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios y el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública.