Fiscalía investiga presunta red de corrupción que involucraría a las hermanas Guerrero; estas son las penas a las que se expondrían

La Fiscalía inició una investigación para determinar si se cometieron delitos que involucren a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero luego de una publicación de Semana en la que se revelaron chats, audios y consignaciones que podrían dejar en evidencia un presunto direccionamiento ilegal de contratos en diferentes entidades del gobierno a cambio de pagos de coimas.

El mencionado medio de comunicación reveló datos de una posible red de corrupción en la que había tarifas y se cobraba una comisión del 10 % del valor total de contratos debido a las gestiones y supuesta intermediación de las hermanas con altos funcionarios del gobierno para direccionar ilegalmente.

Además, las jóvenes cobrarían un anticipo de $200 millones cuando se concretara el primer encuentro y también habría un cobro de un millón de pesos inicialmente por la cita de contacto.

A pesar de ello, Juliana Guerrero, a través de sus abogados, aseguró que nunca se reunió con empresarios con el fin de recibir dineros, comisiones o algún beneficio económico a cambio de contratos.

Pero este no es el único proceso penal que enfrenta, ya que fue llamada a juicio por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, ya que supuestamente falsificó el título universitario de contadora pública que presentaría para llegar al Viceministerio de la Juventud.

Según el Código Penal, en caso de ser hallada culpable, podría enfrentar entre 6 y 12 años de prisión.

Pero en su más reciente escándalo, las penas podrían superar los 20 años de cárcel. Según el abogado penalista Fabio Humar, quien explicó a El Tiempo que la joven podría enfrentar cargos por delitos como tráfico de influencias y conductas contra la contratación pública que tienen sanciones altas debido a su gravedad.

También podrían configurarse otros delitos como cohecho, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos, estafa y enriquecimiento ilícito.

El exfiscal general Francisco Barbosa indicó al mencionado medio de comunicación que la Fiscalía también podría investigar otros componentes y posiblemente promover acciones de extinción de dominio para saber si hay bienes a nombre de las implicadas o posibles testaferros, para verificar si fueron adquiridos con dineros provenientes de posibles rentas ilícitas por la red de corrupción.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X, se pronunció sobre estos polémicos hechos.

“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos y, a lo mejor, entregaron los chats porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuábamos por presiones de mujeres o por codicia”.

E indicó que el cometido de los empresarios no se cumplió, ya que en su gobierno se han establecido barreras en contra de la corrupción.