Juliana Guerrero se defiende de denuncias de corrupción en Gobierno Petro

Tras las denuncias hechas por Angie Rodríguez sobre la presunta red de tráfico de influencias Juliana Guerrero salió a desmentir las denuncias sobre cobros irregulares a empresarios para la adjudicación de licitaciones públicas.

A través de la firma de abogados Alzate Hernández, la exfuncionaria rechazó de manera categórica la existencia de reuniones, pagos o gestiones al margen de la ley en ministerios y agencias pertenecientes a la administración pública.

El equipo legal de la joven cercana al entorno del Gobierno reaccionó formalmente ante las recientes publicaciones de la revista Semana, en las cuales se revelaron audios, chats y comprobantes bancarios.

Según las piezas presentadas en dicha investigación periodística, tanto la implicada como su hermana Verónica habrían diseñado una supuesta estructura de cobros que incluyó tarifas de un millón de pesos por encuentros iniciales, giros cercanos a los $200 millones para trámites y comisiones de hasta un 10 % sobre el valor total de las obras públicas.

Frente a la cascada de cuestionamientos surgidos en la opinión pública, la acusada argumentó que guardó un prudente silencio durante los últimos meses por deferencia y respeto a las indagaciones legales que adelantan los organismos de control.

No obstante, enfatizó que mantener la reserva ante los medios no podía continuar interpretándose como una aceptación implícita de señalamientos que tildó de injustos, reiterados y completamente alejados de la realidad.

En el documento difundido por sus apoderados, la ex servidora sostuvo que jamás sostuvo encuentros con contratistas o supuestos intermediarios para incidir en licitaciones del Estado, desmintiendo la recepción de transferencias digitales o dinero en efectivo para mover carpetas institucionales.

Asimismo, la defensa desvirtuó categóricamente cualquier intento de terceras personas por instrumentalizar su nombre propio con el fin de tramitar concesiones en carteras clave como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras o el Fondo Colombia en Paz.

Por otra parte, el pronunciamiento legal hizo una precisión sobre la situación de la implicada respecto al Ejecutivo, aclarando que no desempeña funciones ni tiene injerencia oficial tras presentar su renuncia formal como delegada de Presidencia ante el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar. Según el texto divulgado, la investigada permanece totalmente al margen de cualquier rol gubernamental desde hace más de un año lectivo.

A pesar de las indagaciones penales que avanzan en su contra por supuestos delitos de falsedad ideológica y fraude procesal vinculados a la presunta falsificación de títulos académicos, la exfuncionaria expresó palabras de gratitud hacia la jefatura de Estado.