Elección de Contralor del Valle: Asamblea responde ante presuntas irregularidades en el proceso de selección

Está en marcha el proceso de elección de Contralor del Valle del Cauca para el periodo 2026-2029 al que se presentaron más de 60 candidatos.

De estos pasaron el primer filtro un total de 25 personas que han resultado admitidas, según el proceso de selección que adelanta la Universidad del Atlántico.

Según, el cronograma, el próximo 9 de agosto estas personas presentarán las pruebas de conocimiento para seguir en la carrera por el cargo que se estaría definiendo el próximo 10 de octubre.

Pero el proceso ya genera polémicas. El martes, 5 de agosto el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, aseguró que denunciará penal y disciplinariamente a la Universidad del Atlántico por irregularidades en el trámite para supuestamente “beneficiar intereses de la Gobernadora del Valle”, y pidió la intervención de la Procuraduría.

Explicó el representante, que a pesar de que esta elección debe realizarse bajo estrictos criterios de mérito y legalidad, la selección en el Valle estaría siendo manipulada.

Específicamente, explica que el artículo 272 de la Constitución Política estable que “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.”

De acuerdo con Ocampo, dentro del grupo de los 25 admitidos al proceso aparecen al menos cinco funcionarios que estarían inhabilitados a simple vista, por haber ocupado cargos de contralores municipales y personeros.

Señaló que estos funcionarios son: Jefferson Andrés Núñez Albán, actual subcontralor de Cali; Lina Marcela Vásquez Vargas, actual contralora de Palmira; Pedro Antonio Ordoñez, actual contralor de Cali; Jesús Mauricio Castañeda González, actual personero de Yumbo y Harold Fernando Cerquera Castillo, actual contralor de Tuluá.

La denuncia de Ocampo va más allá y dice que ya habría una terna lista, cuando el proceso de selección tiene un cronograma que va hasta octubre.

“Ya se sabe que la escogida sería la señora Lina Vásquez, actual contralora de Palmira y quien es promovida públicamente por el cuñado de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es quién es quién da el guiño de quien ocupará la dirección de la Contraloría del Valle”, dijo Ocampo en su denuncia.

¿Qué dijo la Gobernadora?

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, reaccionó a los cuestionamientos del congresista y dijo que ella no elige ni participa en ningún proceso, por lo que no tiene influencia.

“Alejandro: qué bueno que estés preocupado por ejercer control; ojalá no lo hicieras rompiendo el principio de buena fe de un centro educativo y recordando que yo soy gobernadora y no elijo ni participo en esa elección”, comentó la mandataria en X.

Agregó que hablando de control “¿todo bien en el Pacto, le has puesto la lupa a lo que deberías estar vigilando en tu propia casa? ahí sí encontrarás motivos …inventas la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio”.

La elección de Contralor está a cargo por norma de la Asamblea del Valle del Cauca, que no cuenta con la infraestructura tecnológica ni el recurso humano capacitado para llevar a cabo el proceso de selección, razón por la cual contrataron a la Universidad del Atlántico para esta labor, luego de una convocatoria abierta.

El presidente de la Asamblea del Valle, Hugo Perlaza, rechazó los señalamientos “irresponsables y malintencionados formulados desde algunos sectores políticos, cuestionando, sin fundamentos, el actual proceso de elección”, comentó en un comunicado.

Agregó que la selección de aspirantes se ha hecho en “estricto apego a la normatividad vigente”, y expresó que la Asamblea Departamental viene actuando conforme a derecho, con el acompañamiento técnico y jurídico de una institución de educación superior debidamente acreditada y con amplia experiencia en este tipo de procesos, tal como lo establece la Ley.

“Rechazamos que se intente manchar la legitimidad del proceso mediante afirmaciones carentes de pruebas jurídicas, recurriendo a discursos politiqueros cuyo único interés es desinformar, y con ello, socavar la confianza ciudadana en sus instituciones”.

Para Perlaza, no es aceptable que se califique como “fraude”, un procedimiento que ha sido “riguroso, respetuoso del debido proceso, transparente y ceñido a los principios del mérito, la publicidad, la legalidad y la imparcialidad”.

“Su persistente estrategia de ataque sin evidencia deslegitima el debate democrático y degrada el ejercicio de la oposición”, afirmó el diputado.