El Gobierno baja el tono, pero no suelta el decreto: ¿se enfría la consulta popular?

La controversia en torno a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro parece haber entrado en una fase de recalibración. Dos mensajes recientes desde el alto Gobierno dan señales de que la decisión de convocarla vía decreto, pese al rechazo del Senado, ya no es un hecho irreversible.

La posibilidad de que la reforma laboral avance por la vía legislativa mantiene en pausa la medida más polémica del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que el decreto está listo, pero que el Gobierno solo lo firmaría si la plenaria del Senado no aprueba la reforma laboral en los mismos términos en que fue avalada por la Cámara de Representantes. Con esto, el Gobierno abre la puerta a una eventual marcha atrás, algo que hasta hace pocos días parecía fuera de discusión.

Durante una intervención en la convención de Asobancaria, Benedetti también aseguró que el Gobierno respetará cualquier decisión que adopten la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, si la legalidad del decreto es llevada a esos escenarios. El compromiso, aunque tranquilizador para algunos sectores, no ha calmado del todo los ánimos en el Congreso.

Entre los senadores, el tono del ministro ha sido interpretado como un acto de presión. Varios legisladores consideran que condicionar la cancelación del decreto a la aprobación del texto exacto de la reforma laboral aprobado en la Cámara, es una forma de forzar la mano al Legislativo, en detrimento de su autonomía constitucional.

La estrategia del Gobierno, que unió la reforma laboral con la consulta popular como un binomio inseparable, ha generado incomodidad tanto en la oposición como en sectores independientes.

En ambas orillas se cuestiona la insistencia de mantener viva la vía del decreto, a pesar del rechazo formal del Senado.

Inicialmente, se había anunciado que el presidente firmaría el polémico decreto esta semana, pero ese anuncio también fue aplazado. Ahora, se prevé que la firma se daría el próximo miércoles en Cali, donde el mandatario ha convocado una nueva movilización popular, una herramienta política que ha utilizado recurrentemente para presionar al Congreso y visibilizar sus reformas.

Sin embargo, para ese momento, es probable que el Senado ya haya votado el proyecto. De ser así, el escenario cambiaría drásticamente, pues si la reforma pasa sin modificaciones, el Ejecutivo ya no tendría excusa para activar la consulta. Si es rechazada o alterada, el presidente podría intentar avanzar con el decreto y abrir así una batalla jurídica de alto calibre.

Todo se definirá en una semana clave. La legislatura está a punto de cerrar y con ella también se acercan las fechas límite para que el Gobierno decida si da un paso hacia la institucionalidad o si provoca un choque de poderes que pondría a prueba la solidez democrática del país.