Crecen las críticas por supuesta participación política de funcionarios del gobierno Petro antes de elecciones 2026

A meses de las elecciones presidenciales y del Congreso 2026, la polémica sobre la participación política de funcionarios del gobierno Petro sigue generando debates en Colombia.

La controversia se reactivó luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicara un mensaje en el que insistía en la reelección del presidente Gustavo Petro y aseguraba que nadie le ganaría en las elecciones.

“Ningún candidato a la presidencia le ganaría a Gustavo Petro si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan ‘¡Viva Petro, viva Benedetti!’”, afirmó Benedetti en su mensaje, agregando referencias a la gestión del gobierno en economía y precios de productos básicos.

Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas en el Congreso, especialmente por parte de la congresista María Fernanda Cabal, quien solicitó a la Procuraduría iniciar una investigación contra Benedetti por presunta participación política de un funcionario público, algo prohibido por la Constitución.

“Esto es inadmisible. Están participando en política, asunto que le está prohibido a funcionarios como Benedetti. La Procuraduría debe actuar”, señaló Cabal.

El ministro del Interior respondió a los señalamientos aclarando que su publicación no constituye participación política, argumentando que el presidente Petro no es candidato y que él solo resaltaba los logros de su gestión. “No puedo pedir el voto por él. Otra cosa es que resalte los logros del gobierno y a alguien le moleste”, dijo.

El debate recuerda otras declaraciones de Benedetti en marzo de 2025, cuando mencionó la posibilidad de conformar un frente amplio para enfrentar a candidatos de la derecha como Claudia López, Sergio Fajardo o Vicky Dávila, lo que generó críticas similares sobre la supuesta injerencia política del funcionario en tiempos preelectorales.

Paralelamente, el presidente Gustavo Petro también ha emitido declaraciones sobre la compra de votos en la región Caribe, alertando sobre la necesidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes.

“La costa Caribe colombiana necesita que su ciudadanía no permita la compra de votos… permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen”, indicó, haciendo un paralelo con el paramilitarismo y las mafias que dominaron políticamente la región.

La nueva controversia pone de relieve la tensión que se vive en Colombia por la presunta participación de altos funcionarios en actividades políticas en plena antesala electoral, mientras la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control analizan si estas actuaciones podrían constituir violaciones a las normas que regulan la conducta política de los servidores públicos.