Corte Constitucional: entre una ‘carta’ del Gobierno y el exdefensor Carlos Camargo estaría la elección del próximo magistrado

Esta semana el Senado elegirá un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes, decisión que se tomará entre tres perfiles muy diferentes.

La primera aspirante es la jurista María Patricia Balanta, quien cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y podría hacer historia como la primera mujer negra en llegar al alto tribunal; el segundo es el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, que hasta hace poco parecía una ficha segura y ahora enfrenta acusaciones por su gestión, y el abogado Jaime Tobar, un académico con amplia trayectoria en el sector público y privado, visto como la carta más técnica de la terna.

La ‘carta’ del Gobierno

María Patricia Balanta, oriunda de Tuluá, Valle del Cauca, no solo fue la candidata con la mayor votación dentro de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para conformar la terna, sino que también es vista como la ficha con la que el Gobierno Petro busca una afinidad ideológica en el alto tribunal.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que su elección es una prioridad, en un pulso donde el principal objetivo es evitar que la silla la ocupe Camargo.

Su perfil es eminentemente técnico y académico. Con una carrera de más de 45 años en la Rama Judicial, que inició en 1979, ha recorrido casi todo el escalafón, ya que fue oficial mayor, escribiente, jueza municipal Ansermanuevo y Riofrío, así como jueza de familia y jueza civil del circuito en Buenaventura y Sevilla, en el Valle del Cauca.

Actualmente es magistrada de la sala civil familia del Tribunal Superior de Buga, cargo que ocupa desde 2003. Esta extensa trayectoria le da un profundo conocimiento del funcionamiento de la justicia.

Es doctora en Filosofía Jurídica y Política con distinción cum laude de la Universidad de Jaén (España), tiene dos maestrías —una en Filosofía del Derecho y otra en Literatura Hispanoamericana— y múltiples especializaciones en Derecho de Familia, Procesal Civil y Comercio Internacional en universidades como Externado de Colombia y Salamanca.

Además, ha sido docente universitaria por más de dos décadas y es autora de numerosas publicaciones y ponencias.

A su favor juega un historial sin polémicas ni escándalos públicos. Su trayectoria se ha mantenido en el ámbito judicial y académico.

Su eventual elección no solo sería un triunfo para la Casa de Nariño, sino un hito para la representación en la justicia colombiana.

El polémico Camargo

El camino que parecía despejado para Carlos Camargo se llenó de obstáculos por dos controversias en su gestión como defensor nacional del Pueblo, pese a haber sido considerado un ‘peso pesado’ y una figura afín a los críticos del Gobierno Nacional.

La primera surgió tras revelaciones de medios de comunicación que indicaban que durante su administración se nombraron a familiares de siete de los 22 magistrados de la Corte Suprema, incluyendo esposas, hijos, hermanos y nueras de quienes votaron para incluirlo en la terna.

Esta situación generó un debate sobre un posible conflicto de interés, recordando la anulación de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez en 2016 por hechos similares.

Camargo se defendió asegurando que no hubo “premeditación de ninguna manera” y que “no hay una infracción de orden legal”.

Sin embargo, diez magistrados, entre ellos Gerson Chaverra, Myriam Ávila y Ómar Mejía, presentaron impedimentos para participar en la votación, los cuales fueron rechazados por la Sala Plena el pasado 31 de julio.

El segundo señalamiento fue por parte del Sindicato de Defensores de Derechos Humanos, que denunció que un laboratorio forense de alta tecnología, dotado con un software capaz de recuperar datos borrados y analizar comunicaciones, pudo ser usado para vigilar o perfilar a funcionarios sindicalizados.

La actual defensora, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación al señalar que “la denuncia del sindicato debe investigarse con prontitud” y afirmó que la entidad presta “toda la colaboración a la Fiscalía en estas y otras investigaciones asociadas a contrataciones que generan dudas de transparencia”.

Durante su gestión, Camargo mantuvo una relación tensa y de crítica constante con el presidente Gustavo Petro, especialmente frente a la Política de la Paz Total, llegando a afirmar que al Gobierno “le quedó grande la seguridad”.

La opción técnica

Jaime Humberto Tobar es el tercer nombre en la lista y, para muchos analistas, “el convidado de piedra”, ya que se trata de un prestigioso abogado, académico y árbitro de la Universidad del Rosario con más de 35 años de experiencia.

Su carrera se ha forjado principalmente en el sector privado y como un árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín.

Ha sido conjuez tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y fundador del Comité Colombiano de Arbitraje, entre otros.

Su perfil es de jurista liberal clásico, alejado de la polarización.

No tiene cercanía con el Gobierno Petro y, por el contrario, se le asocia al partido Cambio Radical. Esta falta de afinidad lo posiciona como el candidato con menores probabilidades, una tercera vía en medio de la puja entre la candidata del Ejecutivo y el exfuncionario cuestionado.

La terna será remitida al Senado, para que realice la elección definitiva. Esta será la cuarta designación de un magistrado de la Corte Constitucional que define el Legislativo durante el 2025, un hecho clave para la configuración de fuerzas dentro del alto tribunal.

La elección es de alta importancia, debido a que en la Corte se tramitan proyectos de gran impacto para el Ejecutivo, como la reforma pensional y el decreto que convoca a una consulta popular.