Corte Constitucional concede plazo de otros tres días a la Cámara para entregar actas de la reforma pensional

La Corte Constitucional aceptó la solicitud de prórroga hecha por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para entregar los documentos considerados clave dentro del proceso de control de constitucionalidad de la Reforma Pensional.

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, es el magistrado sustanciador que dio el aval para el plazo de tres días, sustentando que sin estos documentos, la Sala Plena no puede entrar a estudiar de fondo la Ley 2381 de 2024.

“Así, la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 exige contar con todo el material probatorio requerido. Teniendo en cuenta el carácter urgente del presente asunto y la necesidad de garantizar la integridad del control constitucional que ejerce esta Corte, se impone acceder a la prórroga solicitada. Máxime cuando la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes fue presentada el 29 de agosto, encontrándose dentro del término inicialmente concedido de 3 días hábiles”, señala el auto.

Lo anterior quiere decir que lo que la Corte necesita es el acta de las sesiones extras de la subsanación del vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, el pasado sábado 27 de junio.

De hecho, el magistrado Ibáñez dijo que en tres ocasiones en distintos autos, le ha enfatizado a la Cámara de Representantes la importancia que tienen los tiempos para adelantar los trámites de un estudio de constitucionalidad.

Asimismo, el Alto Tribunal reiteró la importancia de las actas publicadas en la Gaceta del Congreso como el medio oficial y auténtico, para acreditar los trámites legislativos, descartando que “certificaciones parciales o registros audiovisuales puedan reemplazar dichos documentos”.

Vicios de trámite

Es de recordar que el pasado 14 de agosto la Corte Constitucional advirtió que la aprobación de una de las proposiciones de la reforma pensional no bastarían para subsanar los vicios encontrados.

Así es como partir del Auto 841, dado a conocer esa fecha, el Alto Tribunal puso en tela de juicio el resultado de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, cuando el Congreso de la República aprobó la que sería una de las iniciativas más polémicas del gobierno de Gustavo Petro.

Para la Corte Suprema siempre ha sido de suma importancia el llevar a cabo un debate real y detallado del articulado de la pensional, y no solo aprobar una proposición que hace parte del texto, como se habría hecho en el legislativo.