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Congreso de la República / Imagen de referencia | Foto: Colprensa

Así van las victorias y derrotas del Gobierno en el Congreso, a un mes de cerrar sesiones

Las apuestas del Gobierno Duque, a diferencia de sus antecesores, no han sido la habitual ‘aplanadora’.

12 de mayo de 2019 Por: Colprensa

Cuando en agosto de 2010 Juan Manuel Santos se posesionó como presidente de la República, anunció que para desarrollar su programa de gobierno llevaría una ambiciosa agenda legislativa al Congreso. Al cabo de menos de un año había logrado la aprobación de varias reformas constitucionales y leyes, además del Plan Nacional de Desarrollo.

Y algo similar sucedió en los comienzos de las administraciones de Uribe y de varios de sus antecesores. Se llegó a acuñar la expresión ‘aplanadora’, para hablar de las bancadas oficialistas en el Congreso.

Ocho años después, Iván Duque, al juramentarse en el mismo cargo, anunció que iba a radicar un paquete de proyectos, incluso actos legislativos, fundamentales especialmente para la modernización de la política y la justicia, entre otros aspectos, pero hoy, casi diez meses después, su balance parlamentario es muy distante al que lograron Santos y Uribe durante sus dos mandatos.

En este primero de los cuatro periodos que tendrá el Congreso en la era Duque (del 20 de julio de 2018 al 20 de junio de 2019) la suerte de los proyectos gubernamentales no ha sido la mejor.

En cuanto a las reformas constitucionales, las dos principales que anunció el Jefe de Estado, ninguna se logró.

Lea también: 'Hundimiento de la reforma política, otra dura derrota para el gobierno de Duque'.

La primera que se hundió, en diciembre pasado, fue la reforma a la Justicia; proyecto que no contó con el apoyo de la mayoría de los partidos y particularmente con la animadversión del presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Chacón.

La semana pasada naufragó otra enmienda: la reforma política que, pese a que ya estaba en su quinto debate de los ocho que debía cumplir, se hundió en la Comisión Primera del Senado.

En ese momento la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, admitió que ese articulado, sin tener el tema de la lista cerrada, era mejor que se hundiera.

Resignada, Gutiérrez sostuvo que “el Gobierno no insiste en la reforma política porque el tema central es la lista cerrada, que es la única forma de acabar con tanto vicio y la violación de los topes electorales. Se presentó una duda jurídica de si la Cámara hundió el año pasado la figura porque operaba desde 2019. Ante esa duda, definitivamente el Gobierno prefiere no insistir en ella y volver a presentarla el próximo año”.

La Ministra insistió en que la reforma sin “dos figuras importantes: la lista cerrada y la participación del 50 % de las mujeres fue imposible, entonces ya no tiene sentido... esta reforma no tendría razón de ser sin la espina dorsal, sería una reforma sin mayores posibilidades, no vale la pena seguir su trámite”.

Para el senador conservador Juan Diego Gómez, el fracaso de estos proyectos tan claves “se podría pensar que es la curva del aprendizaje”. Sin embargo, advierte que esto se dio por la falta de manejo que tuvieron varios ministros de la agenda legislativa.

Entre los temas que hasta ahora el Ejecutivo ha logrado que le apruebe el Congreso están los económicos, asuntos en los que hay un interés general. En diciembre, al cierre del periodo logró que le votaran la controvertida reforma tributaria o ley de financiamiento; unos días antes también el Senado y la Cámara le votaron el presupuesto de la Nación para el 2019, como la distribución de las regalías para el bienio 2019-2020.

El pasado 2 de mayo, luego de varios meses de amplia controversia en el país, el Gobierno Nacional pudo recibir del Congreso de la República la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamental para que el Mandatario de los colombianos pueda empezar a ejecutar parte de su plataforma programática con la cual ganó la Presidencia en junio de 2018.

Para lo que resta del periodo legislativo, el Ejecutivo espera que le voten una reforma constitucional sobre modificaciones a las regalías, iniciativa que está aún en su paso por la Cámara y por términos de tiempo está a punto de hundirse.

Una suerte similar corre la ley que pretende modernizar el sector de las TIC. Este proyecto se radicó desde octubre del año pasado, pero no ha logrado el consenso entre los partidos y es por eso que si bien está para ser discutido en las plenarias de Senado y Cámara, no aparece en los asuntos de principal interés.

En la pasada legislatura se estrenó el Estatuto de la Oposición, que obliga a los partidos políticos a declararse opositores del Gobierno, partidos de Gobierno o independientes.

Poco queda de los planes anticorrupción

Se podría incluir en la lista de los fracasos legislativos, tanto para el Gobierno como para el Congreso y en especial para el país, el paquete de proyectos que hicieron parte de la Consulta Anticorrupción que se votó en Colombia en agosto del año pasado.

Aunque la misma no prosperó porque no tuvo los votos requeridos, sí surgió el compromiso de tramitar sus iniciativas y las del Ejecutivo en el mismo sentido: combatir la corrupción, para lo que se radicaron siete reformas constitucionales y proyectos de ley.

Muy rápidamente se hundió uno de los que tenía mayor interés el país, el que bajaba el sueldo a los congresistas y altos funcionarios del Estado. Murió en su primer debate, porque la mayoría de los parlamentarios se impidieron de votarlo.

La misma suerte corrió la enmienda constitucional para limitar a tres periodos legislativos a los congresistas, concejales, diputados y ediles en sus corporaciones.

Este proyecto, por ser similar a lo que decía la reforma política, se sumó a ese texto, pero terminó naufragando en su quinto debate.

Dos iniciativas de esa agenda anticorrupción están en semáforo en amarillo, es decir, con posibilidad de aprobarse o de hundirse, como por ejemplo la ley que define una participación ciudadana y transparencia en el presupuesto y la que crea mecanismos de rendición de cuentas.
Ambas deberán tener al menos una votación antes del 20 de junio.

Ha avanzado el proyecto que dispone que todos los empleados del Estado hagan públicas sus declaraciones de renta y sus conflictos de intereses. Se encuentra en el orden del día de la plenaria del Senado, pero no ha podido ser debatido.

Pendiente de su trámite en la Cámara de Representantes está el de los pliegos tipo, para hacer una contratación pública más transparente, que ya fue votado en el Senado.

La última iniciativa que se tramita del paquete anticorrupción, la de dar cárcel sin privilegios a los corruptos, se sumó a un proyecto de la Fiscalía General, pero aunque ya está en último debate no se ha podido discutir en la plenaria, porque se trabó por los impedimentos.

De la agenda legislativa de los congresistas, está por votarse una iniciativa que no le ha gustado al sistema financiero y que está solo a dos votaciones, la que ordena el llamado borrón y cuenta nueva, es decir, que todos aquellos deudores morosos ante los bancos que se pongan al día podrán salir de las listas negras.

Avanza con el tiempo apretado la reforma a la Justicia, la cual está enfocada a descongestionar de procesos a los jueces y que los ciudadanos encuentren respuesta pronta, la misma pasó a la plenaria del Senado y deberá tener dos votaciones más antes del 20 de junio.

Un proyecto más de acto legislativo que se tramita es el que no permitirá que en procesos de paz nuevos sea conexo el delito de abuso sexual a menores con el delito político, que es de autoría de la senadora Maritza Martínez de La U.

Una iniciativa similar, pero que ya está para séptimo debate, es el acto legislativo que no permitirá la conexidad de los delitos sexuales, narcotráfico y secuestro con el delito político.

Sin embargo, se podría hundir en su última etapa por el Senado, en donde le faltan dos votaciones más, porque al parecer no tendría el apoyo de las mayorías. El proyecto es del Gobierno y algunos partidos, como el Centro Democrático.

Dos iniciativas fueron aprobadas la semana pasada y pasan a la sanción del presidente Iván Duque: los que ordenan una amnistía para los remisos y que puedan sacar su libreta militar, como también el que determina el tamizaje neonatal, como una forma de prevención para futuras enfermedades en los bebés.

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