¿Y el Acuerdo de Punto Final?

En medio de la emergencia sanitaria por la que atraviesa Colombia debido al Covid-19, se han hecho grandes esfuerzos para atender la pandemia y evitar el colapso del sistema de salud nacional.

Pero sigue siendo grave la realidad que viven clínicas y hospitales por las deudas que la Nación, los entes territoriales y las EPS tienen con ellas.

A mediados de 2019, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se estableció un Acuerdo de Punto Final para sanear una cartera que el Gobierno Nacional reconocía en $7,1 billones, de los cuales $5,2 billones correspondían al régimen contributivo y $1,9 billones al subsidiado.

El plan era cancelar, ojalá antes de finalizar el 2020, la mayoría de esas acreencias, pero la realidad es otra: no solo se ha pagado menos del 20% de las deudas, éstas han crecido y superan ya los $12 billones.

Es un déficit que atenta contra el ideal de que la salud es un derecho fundamental de los colombianos y que no hay disculpas para no atenderlo.

Lo que sucede se refleja en la situación crítica de las redes hospitalarias del país que trabajan sin recursos, no cuentan con los insumos necesarios ni pueden pagar los salarios o las prestaciones sociales de sus trabajadores, como sucede en el San Juan de Dios y en el Isaías Duarte de Cali.

Por ello debe haber claridad sobre lo que pasa, por qué no se logra avanzar en el Acuerdo de Punto Final y qué se va a hacer antes de que el sistema de salud colombiano colapse ahogado por las deudas.