Si por acá llueve...

La trama se repite: magistrados, jueces y fiscales que venden sus conciencias al mejor postor, cobran por manipular fallos o recurren al tráfico de influencias.

Esta vez, el escándalo de corrupción ocurre en Perú, el país que no acababa de reponerse de la caída de su presidente de la República cuando debe enfrentar la crisis más profundas en su poder judicial.

Los hechos se conocieron al divulgarse conversaciones en las que magistrados y jueces exigían prebendas por manipular procesos contra políticos, narcotraficantes e incluso violadores, así como por disponer de puestos dentro del Sistema de Justicia y favorecer a quienes les interesaban.

Con razón los peruanos están indignados y se ha generado una crisis que ya se ha cobrado las cabezas del Ministro de Justicia, del Presidente de la Corte Suprema, de varios jueces supremos y la destitución de todos los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

Al gobierno no le quedó otra opción que anunciar la reforma al sistema de justicia para acabar con las malas prácticas, mientras la opinión pública presiona al Congreso para que actúe en consecuencia.

Habrá que esperar para saber si los cambios son los que se necesitan, y si con ellos se logrará que regresen la honestidad, transparencia y credibilidad, valores inherentes al oficio de impartir Justicia y velar por ella.

Es lo que se espera en el Perú y en cualquier nación que se precie de ser un Estado de Derecho.