Crece la preocupación

Las únicas responsables, tanto del secuestro como de lo que les suceda a los agentes del CTI, retenidos en el norte del Cauca, son las disidencias de las Farc.

Hoy las familias de Betty Amanda Mage y Gersón René Rivera, y su esposa María Yeni Ruiz, temen por lo que les pueda suceder, pues desde el pasado 19 de abril de 2024, cuando fueron secuestrados en Santander de Quilichao, no saben nada de ellos.

Los funcionarios, que adelantaban labores en el norte del Cauca no relacionadas con investigaciones contra esta organización, fueron retenidos en una vía alterna entre Cali y Popayán.

Es de nuevo el plagio contra funcionarios del Estado, que son utilizados como botín de guerra por las organizaciones violentas para negociar con el Estado o para sacar provecho económico de sus acciones criminales.

En su descaro, ahora las disidencias se atreven a responsabilizar al Gobierno de impedir la liberación de los agentes del país.

Y exigen que se despeje una amplia zona para garantizar la vida de las víctimas, que llevan 11 días en cautiverio.

El Estado no puede doblegarse ante las pretensiones de esa organización ilegal; su deber es rescatar u obligar a la liberación de quienes fueron secuestrados, perseguir a los culpables y llevarlos ante la justicia.

De paso tiene que garantizar la seguridad en el Cauca y devolverles la tranquilildad a sus habitantes y a quienes se movilizan por ese territorio.