Que no amenacen

La idea de construir un nuevo centro de reclusión para menores en Buga y que fracasó por el rechazo de su comunidad, no puede convertirse en una excusa para no ejecutar el proyecto.Y menos para que el Gobierno Nacional amenace a los vallecaucanos con llevarse el presupuesto si no se consigue un lote al 10 de octubre.Son ocho municipios del Valle los que están llamados a colaborar para que ese espacio de rehabilitación para menores infractores se construya, entre ellos Tuluá, que ha mostrado buena disposición.Pero es el Estado el que ha incumplido con su obligación de garantizar que este nuevo centro de reclusión de menores infractores cuente con las garantías que brinden tranquilidad a los ciudadanos.Es el Gobierno el que sabe dónde y cómo edificarlo con ciertas condiciones que no perjudique el bienestar y la seguridad de la gente.Al Valle no lo pueden amenazar, lo que hay que hacer es buscar que ese espacio se haga realidad para beneficio de la sociedad.