La corrupción en Guatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad de la ONU, Cicig, llegó a Guatemala en el año 2007 porque así lo pidió ese país al que la corrupción en el sistema judicial y en el Estado en general lo tenían acorralado.

El trabajo adelantado por el equipo de esa delegación, dirigida por el colombiano Javier Velásquez, llevó a destapar en el año 2015 una estructura que desde el Gobierno cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para ayudarlos a evadir impuestos, investigación que envió a la cárcel al entonces presidente Otto Pérez, a su Vicepresidenta y terminó con la caída de su administración.

Ahora son el actual mandatario Jimmy Morales, miembros de su familia, así como representantes de partidos aliados a él los que están en la mira de la Cicig por el ingreso ilegal de dineros en las más recientes campañas electorales.

Y ante la petición de Velásquez y de la Fiscalía de ese país para que le sea levantada su inmunidad, el Presidente decidió expulsar de Guatemala al exjuez colombiano.

Orden que ha producido el rechazo de la mayoría de la Nación, llevó a la renuncia de su Ministra de Salud y a la destitución del Canciller y el Vicecanciller por criticar la medida, y generó una orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo organismo Judicial, para detener el proceso contra el representante de la Comisión.

Esa es la respuesta que recibe un Gobierno acorralado por la corrupción y que se niega a hacer lo necesario para acabar con las prácticas que tanto daño le han hecho a Guatemala, a su población y a su desarrollo.