Decisión sorpresiva

La suspensión de las obras de la Doble Calzada Buga Buenaventura, ordenada por la Corte Constitucional hasta tanto no se negocie con las comunidades afrocolombianas de la zona, es sorpresiva.Si bien la ley debe considerar los derechos de las minorías, aquí no se trata sólo de objetar unos cuántos kilómetros de carretera que pasan por sus tierras, sino de perjudicar a todo un país y a sus 44 millones de ciudadanos.La doble calzada significa la apertura de la Nación hacia el Pacífico, el mejor aprovechamiento del puerto de Buenaventura y asegurarle más oportunidades al comercio internacional.Las negociaciones con las comunidades negras de la región no han sido fáciles y sería bueno saber quiénes las representan y cómo ha sido el proceso, antes de tomar decisiones como paralizar las obras.Pero sobre todo hay que pensar que el deber del Estado es defender los intereses de todo un país.