¿Y los Derechos Humanos?

Durante los últimos 10 años el diario El País ha escrito 13 Editoriales, 15 Molinos de Papel y decenas de informes denunciando la tragedia que padecen los detenidos en Cali debido al hacinamiento y a las condiciones en que son recluidos sin consideración. Es la historia de cárceles como Villahermosa y de las estaciones de Policía donde la sobrepoblación ha llegado a extremos humillantes e inmanejables.

El drama que padecen los detenidos en las estaciones de Policía de Cali no tiene justificación. En espacios creados para recibir como máximo a ocho personas por un periodo no mayor a 48 horas, hoy conviven 30 o 40 que están apiñadas de forma infrahumana, permanecen allí por tiempo indefinido y no tienen siquiera dónde hacer sus necesidades básicas ni reciben la alimentación completa a la que tienen derecho. Quienes están en esas condiciones pueden ser criminales de la peor calaña, pero ante todo son seres humanos que merecen respeto.

Al Estado se le agotan los argumentos para justificar su incapacidad de resolver una crisis carcelaria de más de una década. Y la excusa no puede ser el fallo de tutela que impide recibir más reclusos en la cárcel de Villahermosa. Nada justifica tanta desidia. Da la sensación de que todos los organismos estatales, desde el Gobierno Nacional hacia abajo, son insensibles frente al drama carcelario.

Las imágenes de lo que se vive en las estaciones de Policía, en los centros transitorios de reclusión y en las cárceles, debe conmover el espíritu de la sociedad colombiana y en especial de la caleña, que no pueden permitir que siga sucediendo. Hace muchos años se sabe que Villahermosa tiene capacidad para 1800 reclusos pero hoy hay 6700, lo que significa un sobrepoblación del 267%.

Pero el Estado no reacciona ante lo que es a todas luces una violación de los Derechos Humanos. Son personas que no tienen las más mínimas condiciones para su salud, que no tienen espacio, que carecen incluso de lugares para dormir o para atender sus familias. Esos ciudadanos no pueden seguir a la espera de un papel que ordene su traslado, de un abogado que tramite su libertad o de un funcionario que se apiade de su tragedia.

Sin embargo, ya no son sólo los centros de reclusión los que están en riesgo. El problema se ha traslado a los barrios de Cali donde están ubicadas las estaciones de Policía, que como lo han dicho sus comandantes, se han convertido en bombas de tiempo expuestas a amotinamientos debido al hacinamiento y a las condiciones miserables en que se tiene a los detenidos.

La solución por ahora debe ser construir sitios adecuados a una nueva realidad, originada en el incremento en el número de delitos y en el aumento de la capacidad y habilidad de las autoridades para identificar y capturar a quienes son sindicados de esas conductas antisociales. Sin embargo, el fondo del asunto está en reconocer ante todo el deber de respetar la dignidad de los seres humanos como la base para construir una política penitenciaria que les brinde garantías a los inocentes y sea capaz de ofrecer la resocialización de quienes han sido condenados.