¿Y la educación?

Ayer se produjo otra marcha promovida por algunos dirigentes estudiantiles. Y continúa el paro sin encontrar la forma de reactivar los semestres que esperan la inmensa mayoría de los estudiantes, aquellos que no participan en la movilización y aguardan que se respeten sus derechos.

No sobra recordar que entre otros reclamos, los dirigentes del movimiento exigen el apoyo del Estado a la universidad, el retiro del proyecto de reforma tributaria, la rebaja de las deudas adquiridas por créditos del Icetex y otros motivos. Además, que sus movilizaciones ya coinciden con las de los maestros y profesores, con la de movimientos indígenas y las que son promovidas por algunas centrales obreras que amenazan con un paro nacional para las próximas semanas.

Es decir, hay una movilización que aprovecha el derecho a la protesta y que hasta ahora no ha producido hechos que lamentar salvo algunos desmanes como la destrucción de que ha sido objeto el centro de Popayán. A esas reclamaciones, el Gobierno ha respondido con cifras y aportes, además de entablar mesas de diálogo donde los promotores de la parálisis que padecen las universidades públicas han conocido de primera mano la posición del Gobierno y su voluntad de fortalecer la educación pública.

Como es de esperarse, las respuestas no satisfacen las variopintas demandas de los líderes de la protesta que ya ha dejado en un segundo plano el derecho de la, sin duda, mayoría estudiantil interesada en completar sus semestres. Tampoco parece notarse en esos directivos de la huelga y las marchas que la parálisis de las universidades tiene un enorme costo económico que debe ser sufragado por sus finanzas que, indudablemente, deben ser fortalecidas para cumplir la misión que tienen como constructores de conocimiento y de oportunidades para todos los colombianos.

Así, debe reconocerse que lo que se toma hoy las vías de las principales ciudades del país ya dejó de ser un movimiento para reivindicar la necesidad de fortalecer la educación superior y pasó a transformarse en una estrategia de carácter político en contra del Gobierno, del establecimiento o de cualquier institución. Es ya el uso de la calle como instrumento para presionar victorias partidistas arropadas con el supuesto reclamo de reivindicaciones sociales.

Y cuando se producen esas manifestaciones, más de cuatrocientas en los últimos cuatro meses, son los colombianos los que deben padecer el cierre de las vías, la alteración de los servicios y el transporte y la tensión por lo que pueda producirse cuando aparecen los provocadores que desafían a la Fuerza Pública con el ánimo de crear enfrentamientos. Es como si la nación debiera soportar las intenciones políticas de quienes se han apoderado de los paros y marchas, en aras del respeto que merece y recibe la protesta social.

Es hora entonces de reclamar la responsabilidad a quienes dirigen el paro estudiantil por los hechos que lesionan los derechos de la mayoría de los estudiantes a asistir a sus universidades para recibir la educación a la cual tienen derecho según la Constitución Nacional.
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