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 La plata para pagar los sobornos a los congresistas salió del polémico contrato de los carrotanques, que buscaba llevar agua a las comunidades más pobres de La Guajira y costó 46.000 millones de pesos.
La plata para pagar los sobornos a los congresistas salió del polémico contrato de los carrotanques, que buscaba llevar agua a las comunidades más pobres de La Guajira y costó 46.000 millones de pesos. | Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Editorial

La punta del ‘iceberg’

Porque el país entero conoció a través de redes sociales la gran cercanía que el hoy confeso exfuncionario corrupto tuvo en la pasada campaña electoral con el entonces candidato Gustavo Petro.

7 de mayo de 2024 Por: Editorial

El huracán desatado por las graves denuncias de corrupción que se habrían cometido dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, deja en evidencia, una vez más, cómo la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos sigue siendo el gran ‘cáncer’ que frena el desarrollo de Colombia. Y que el mismo tenga como protagonista al primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro país - el cual llegó hace menos de dos años al poder enarbolando las banderas de un supuesto cambio - deja en claro que el grado de deterioro ético de nuestra dirigencia política es generalizado.

Pero estas son solo conclusiones iniciales a las que puede llegarse por cuenta de una trama que parece esconder hechos mucho más graves de los que conocemos hasta ahora. En efecto, estamos frente a la punta de gigante ‘iceberg’. Porque las confesiones de los dos más altos directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, orientadas a obtener beneficios de la Justicia, develan lo que sería una compleja trama para el pago de millonarios sobornos en el Congreso de la República.

Los mismos, supuestamente, se habrían hecho para comprar el voto positivo de por lo menos 20 congresistas de diferentes partidos a las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Lo cual, de por sí, ya arroja una mancha de ilegitimidad sobre dichos proyectos de ley.

El asunto es todavía más cuestionable si se consideran los nombres y cargos de las personalidades salpicadas hasta hora por el escándalo: los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el Ministro del Interior, el Director Nacional de Inteligencia, el Secretario de Transparencia de la Presidencia y la Consejera para las Regiones, quien ya fue la primera en irse del Gobierno por las denuncias. Además de las ramificaciones regionales de esta trama corrupta, que involucran a dirigentes de La Guajira y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Las afirmaciones de Olmedo López, según las cuales solo “seguía órdenes”, crean un enorme manto de duda sobre el Gobierno. Porque el país entero conoció a través de redes sociales la gran cercanía que el hoy confeso exfuncionario corrupto tuvo en la pasada campaña electoral con el entonces candidato Gustavo Petro. ¿De dónde llegaron las órdenes que dice haber recibido?

Todo ello, sumado al hecho de que hasta ahora no se conocen pruebas concretas que sustenten las denuncias, acrecientan la confusión de la opinión pública sobre el caso. Por tal razón, resulta imperativo que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia en lo que le corresponde y las demás instancias llamadas a descubrir la realidad de lo ocurrido, lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y den respuestas a todas las preguntas que empiezan a surgir.

En ese sentido, resultan altamente inconvenientes las apresuradas declaraciones del presidente Gustavo Petro, vinculando estos graves hechos a la narrativa sobre un supuesto ‘golpe en marcha’ contra su Gobierno. Lo que Colombia necesita es saber la verdad de lo que pasó en la UNGRD. No que se haga política con la tragedia de la corrupción.

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