Volviendo a la realidad

"Hace pocas semanas, el Gobierno expidió un documento Conpes con el cual creó lo que llamó “la primera política farmacéutica nacional, a diez años”. Fue su manera de mostrar su propósito de meterle la mano a la crisis que agobia a la salud en Colombia. Y de detener la escandalosa especulación que se comete en Colombia con los medicamentos, a causa de una mal interpretada libertad".

Después del bullicio producido por el proceso de paz y los preparativos para dialogar con las Farc, Colombia debe volver a enfrentar los otros problemas que golpean a millones de personas y aguardan la solución de parte del Gobierno. La crisis del sistema de salud, por ejemplo, es un paciente a la espera del remedio. Inútil ya repetir los múltiples factores que afectan uno de los servicios públicos más importantes. Baste decir que son muchos los hospitales que agonizan ante la proliferación de dificultades que impiden su buena administración y destruyen su salud financiera. Desde la politiquería y la corrupción que se apoderaron de ellos, hasta el incumplimiento de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS y de los gobiernos nacional, departamentales y municipales en el pago de sus deudas, la situación es tan crítica que hospitales como el Universitario del Valle debió acogerse a la Ley 550 de 2000 para evitar su cierre. Pese a la buena voluntad que demuestra la decisión de entregarle $1,2 billones para enjugar el déficit que asfixia a las casas de salud, esa medida no parece suficiente. Es que las dificultades que padece la mayoría de las EPS, y la confusión que reina en el Fosyga, además de los problemas causados por el enjambre de intermediarios, aún aguardan intervenciones y medidas de fondo que aclaren el panorama y le devuelvan la tranquilidad a los 40 millones de afiliados al sistema. Hace pocas semanas, el Gobierno expidió un documento Conpes con el cual creó lo que llamó “la primera política farmacéutica nacional, a diez años”. Fue su manera de mostrar su propósito de meterle la mano a la crisis que agobia a la salud en Colombia. Y de detener la escandalosa especulación que se comete en Colombia con los medicamentos, a causa de una mal interpretada libertad. Según el informe publicado por El País el pasado domingo, aquí se pagan precios que en algunos casos superan el 500% de lo que cuestan en otros países de iguales condiciones económicas. Es por eso que el Gobierno se decidió a intervenir el mercado, medida demorada que reconoce el error de insistir en que un asunto de tanta importancia para la sociedad como la salud puede ser regulada por la mágica e invisible mano de la oferta y la demanda. Y la ingenuidad de pensar que al entregar a los particulares la posibilidad de montar negocios alrededor de ese servicio se evitarían la corrupción y la ineficiencia y primaría en los empresarios el interés por prestar un servicio social antes que el ánimo de alcanzar el máximo de utilidad posible. El presidente Juan Manuel Santos designó el pasado agosto a Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes, como nuevo ministro de Salud. Es la oportunidad para reconocer que el modelo establecido en la Ley 100 de 1993 demanda cambios urgentes y de fondo. Y que si bien la iniciativa privada es indispensable para construir progreso, lograr eficiencias y ser competitivos, hay servicios públicos que reclaman de la participación activa y oportuna del Estado que protejan el interés común a toda la sociedad.