Violencia en el Valle

"Es como si los vallecaucanos hubieran perdido su capacidad de asombro y reacción ante unos fenómenos criminales que destruyen la cohesión social, afectan a la juventud y atemorizan a las familias".

Nuevamente las cifras de muertes violentas y la forma por demás escabrosa en que se realizan muchas de ellas deben llamar la atención sobre lo que ocurre en los municipios del Valle. Algo mucho más profundo que el aumento del pie de fuerza debe realizar el Estado para defender a la sociedad vallecaucana del deterioro y la amenaza que significan esos indicadores del horror. Tuluá está hoy en la picota pública por la crueldad de los asesinatos que se descubren casi a diario. Se han cometido 143 en lo corrido del 2012, lo que supera el índice de 82 por cada 100.000 habitantes. Igual puede decirse de Palmira donde los homicidios violentos llegan a 195. Pradera por su parte, presenta un total de 40 asesinatos en los nueves meses del presente año, mientras Cartago llega a los 49 muertos. Por supuesto, Cali con 1.389 homicidios a la fecha no puede ser excluida, a pesar del esfuerzo conjunto de la Fuerza Pública y la Administración Municipal para combatir el crimen y recuperar la seguridad ciudadana. En declaraciones a El País, el Comandante de la Policía Valle atribuye las causas de lo que ocurre en Tuluá a retaliaciones de bandas dedicadas al narcotráfico y a la guerra por el control del negocio de venta al detal. Al responder a los pedidos de los tulueños por mejorar la seguridad, el coronel Nelson Ramírez informó del traslado de 200 efectivos policiales para enfrentar a los delincuentes. No obstante la sangría sigue, acompañada de crueldades sin límite que incluyen desmembración de las víctimas cuyas partes son esparcidas por la ciudad. Algo parecido ocurre en Palmira. De nuevo, el narcotráfico y la guerra por el control del negocio son presentados como los causantes directos de la escalada que muestran las estadísticas de muerte. Idéntico argumento se esgrime cuando se pregunta por lo que ocurre en Pradera, donde también se presentan crímenes espantosos con lapidaciones. Y en todos los casos se habla de la participación creciente de menores de edad en los hechos de sangre. Y frente a esa escalada de terror, el Estado y la sociedad en general parecen aceptar su impotencia. Es como si los vallecaucanos hubieran perdido su capacidad de asombro y reacción ante unos fenómenos criminales que destruyen la cohesión social, afectan a la juventud y atemorizan a las familias. O como si las autoridades no tuvieran ya la posibilidad de anticiparse a los hechos, limitándose a registrar los hechos sin al parecer investigar y encontrar las causas sociales que se mueven debajo de la delincuencia que adquiere características de epidemia. Nada hay más peligroso para el Valle que aceptar como normal y aprender a convivir con la violencia que está golpeando sus comunidades. Por eso hay que reaccionar y entender que no todo es narcotráfico. Y que la indiferencia puede ser gran impulsora de las conductas antisociales que crecen en municipios y comunidades conocidas antes por ser remansos de paz y convivencia. Es el principio necesario para detener la escalada de terror que se está produciendo en el Departamento, donde está claro que la acción policial no es suficiente ni puede ser la única respuesta contra los fenómenos criminales que golpean la sociedad vallecaucana.