Vigilancia necesaria

De nuevo, y a cuatro días de la primera vuelta para elegir el próximo presidente de la República, las instituciones que deben guiar y realizar los procesos electorales en Colombia están en medio de la polémica. Le corresponde a la ciudadanía, a los partidos y las campañas de los aspirantes el realizar una vigilancia juiciosa para evitar descalabros y desinformaciones que pongan en duda la credibilidad de las elecciones.

Aunque parezca increíble, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil no pudieron ponerse de acuerdo, o no pudieron superar los obstáculos y los trámites que se requerían para contratar una auditoría internacional que diera mayor seguridad a los colombianos sobre los resultados de los próximos comicios. Ello ocurre a pesar de los grandes reclamos y observaciones desde todos los sectores de la vida nacional a lo ocurrido el pasado 13 de marzo durante las elecciones del Congreso.

Más del 7% de los votos aparecieron después de que el país recibió un resultado oficial emitido por la Registraduría, lo cual benefició a un partido, el Pacto Histórico. Aunque la disculpa estuvo en que esa información era apenas un preconteo, en el aire quedó la duda sobre si lo ocurrido era producto de un fraude contra ese partido o si, por el contrario, fue consecuencia de una manipulación para su beneficio, como quiera que implicó aumentar de manera apreciable sus curules en el Legislativo.

Por ello se exigió una revisoría internacional que auditara el manejo del sistema contratado con una empresa española, a la que de paso le salieron serios cuestionamientos. Después de reconocer los errores que se cometieron, dos meses tuvieron el CNE y la Registraduría para definir y contratar una forma reconocida a nivel mundial en la revisión de los procesos electorales. Pero no fue posible.

Ayer, y luego de una semana plena de informaciones contradictorias salidas de ambas entidades, sus voceros argumentaron múltiples razones de orden burocrático para fundamentar su decisión de no satisfacer el pedido de una auditoría internacional. Lo que quiere decir que las elecciones del próximo domingo deberán ser vigiladas de manera intensa por los partidos y, en especial, por los ciudadanos, si se quiere defender y asegurar su transparencia.

Para ello, el presidente del CNE indicó que existe la posibilidad para los partidos inscritos de tener 600.000 testigos electorales que vigilen desde las mesas de votación la actuación de los jurados y la contabilización de los votos. Por su parte, el registrador Alexánder Vega afirmó que se tiene una auditoría contratada con antelación, lo cual fue refrendado por la Procuraduría que a su vez consideró improcedente contratar una adicional.

En resumen, y según los organismos encargados de realizarla, todo parece estar listo para la primera vuelta de la elección presidencial del próximo domingo. En manos de todos los partidos quedará el deber de acudir a los jurados de votación para asegurar su transparencia e impedir que la duda afecte la confianza en nuestra democracia.