Un debate necesario

"...el Congreso fue una oportunidad para discutir uno de los asuntos más peligrosos para las instituciones de Colombia. Se trata de la corrupción, de la “cultura de la ilegalidad que hoy nos amenaza y pone en entredicho la institucionalidad y la deslegitima”, según palabras del procurador Ordóñez".

El Congreso Nacional de Infraestructura que se realizó en Cartagena fue mucho más que el escenario tradicional para hablar del negocio y de sus perspectivas. Después de revisar los temas tratados y las argumentaciones de los protagonistas, puede decirse que sirvió para hacer una cruda radiografía sobre los problemas que tiene Colombia para avanzar en la construcción de las obras necesarias para modernizar al país. Se encontró por ejemplo que existe una gran desconfianza entre los empresarios y los agentes del Estado encargados de las obras públicas. Mientras los primeros se quejan por la demora, la falta de “gerencia pública” y la confusa forma en que se maneja un sector vital para la economía y el desarrollo de la Nación, los otros hablaron de la desconfianza que produce la historia reciente de las concesiones y el comportamiento de muchos de los grandes contratistas con respecto al cumplimiento de sus compromisos y las ventajas que buscan lograr mediante mecanismos que no siempre son legales. Dentro de la discusión se escucharon palabras fuertes del Procurador General de la Nación sobre la corrupción. “El sector privado es tan corrupto como el público”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez, resaltando las “conductas inapropiadas y antiéticas” que se expresan de maneras tan aberrantes como la falsificación de informes financieros para que les sean adjudicadas licitaciones o la financiación de campañas electorales que después son recompensadas por quienes resultan elegidos. A su vez, el Ministro de Justicia describió la manera en que algunos contratistas urden planes para desfalcar las arcas públicas, aprovechando el fabuloso enredo de las normas sobre contratación y la venalidad de los funcionarios encargados de adjudicar, vigilar y pagar los contratos. Frente a esas acusaciones, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura ratificó su posición en el sentido de que la mala gestión de los asuntos públicos está presente en los fracasos en la contratación estatal. Al narrar la manera en que los pliegos de las licitaciones son manipulados y sus requisitos facilitan la llegada de “empresas de papel”, el doctor Juan Martín Caicedo alertó sobre huecos que como los convenios interadministrativos hacen casi imposible controlar la corrupción. Así, el Congreso fue una oportunidad para discutir uno de los asuntos más peligrosos para las instituciones de Colombia. Se trata de la corrupción, de la “cultura de la ilegalidad que hoy nos amenaza y pone en entredicho la institucionalidad y la deslegitima”, según palabras del procurador Ordóñez. Es ese fenómeno que se lleva a la cárcel cientos de alcaldes y gobernadores elegidos por votación popular mientras los contratistas inmorales siguen ofreciendo cifras jugosas para financiar nuevas campañas. Ojalá, el debate realizado en el Congreso Nacional de la Infraestructura se traduzca en decisiones legales para combatir un mal tan grave como la violencia. Y en decisiones éticas, para que los contratistas apliquen valores y principios que acaben con la cultura de la ilegalidad y del atajo en Colombia.