Tratamiento inaceptable

Nueve años después de anunciada y cinco de contratada mediante una Asociación Público Privada, la suerte de la vía Mulaló-Loboguerrero está signada por una palabra: incertidumbre. El Valle no puede permitir que ese compromiso de la Nación por el cual se ha luchado, termine siendo otra frustración que afecta el progreso de la región.

La palabra surge de las declaraciones entregadas a El País por el presidente del concesionario en la semana que culmina. Para el doctor Alberto Mariño, su empresa está dispuesta a conciliar una salida, es decir, a negociar la terminación del contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura porque “el proyecto no tiene certeza”. Y no la tiene pues otra entidad oficial, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ha dilatado al extremo el otorgamiento de la licencia para iniciar en firme la construcción de una vía que reducirá en treinta kilómetros el trayecto a Buenaventura.

Luego de decenas de estudios y diseños, de conciliaciones y explicaciones que demuestran la viabilidad de la obra, la Anla exigió un estudio que ya se había entregado. Se trata del régimen de lluvias en la zona de Pavas donde se ha realizado el reclamo de las comunidades, y no obstante que ya se había presentado la proyección histórica.

Es decir, se exigió más de lo mismo, lo cual significará prorrogar por dos años más la definición de la licencia, requisito indispensable para arrancar la construcción. Pero no será el final, pues se pueden interponer más y más recursos y hacer más exigencias, entre las cuales pueden estar nuevas consultas, nuevos trazados y más estudios, lo que en la práctica significa la parálisis indefinida de una obra incluida con pompa entre las más importantes para la infraestructura vial del país.

Por ello, y como se temía, el concesionario anunció su intención de negociar la terminación del contrato, lo cual acarreará una pérdida de más de 1 billón de pesos a la Nación. Y se desperdiciarían también los $250.000 millones que hasta ahora se han invertido en estudios interminables, en compras de terrenos y en cumplir exigencias tan originales como el traslado de 50.000 cactus.

Además, se corre el peligro de que la Nación cancele su compromiso de aportar $700.000 millones que según parece reposan en una fiducia, y de que se desvíen hacia el dragado del canal de acceso en la bahía de Buenaventura. Una carambola extraña que significa el incumplimiento doble con el Valle a las reiteradas promesas y compromisos que han expresado funcionarios nacionales, incluida la señora Vicepresidenta de la República.

De producirse la terminación del contrato que insinuó el presidente del concesionario, el Valle sufriría otra decepción, similar a la que padece con la imposibilidad de culminar la vía Buga-Buenaventura. Y un tratamiento discriminatorio que contrasta con la diligencia que la Nación, incluidas todas sus agencias y dependencias, ha tenido con otras regiones del país donde ya se están terminado obras iniciadas mucho después del anuncio sobre la vía de Mulaló.

Ese tratamiento es inaceptable. La dirigencia vallecaucana, pública y privada, tienen la palabra.