Transparencia

Conocido el informe de la Revisoría Fiscal de Corfecali sobre la Feria virtual que esa entidad realizó el pasado fin de año, la ciudadanía tiene derecho a reclamar que se explique qué pasó con los recursos públicos con los cuales se realizó el citado evento. Y tanto los organismos de control municipal como la Administración tienen el deber de revelar lo que ha ocurrido con el patrimonio público.

El informe de la firma Millán & Asociados es por lo menos preocupante en cuanto a la cantidad de anormalidades encontradas a lo largo de la revisión que realizó sobre un evento que, además, suscitó el rechazo de gran parte de la ciudadanía. Ahora se sabe que la Feria virtual costó $12.651 millones, y en su realización se ejecutaron contrataciones que debieron ser aprobadas por la junta directiva de la entidad, además de aparecer negocios discutibles que implicaron erogaciones considerables y sobrecostos injustificados.

De nuevo hay que recalcar que se trata de recursos públicos y su manejo no puede quedar oculto. Y que la revisoría fiscal cumple funciones estatutarias y su informe debe ser respondido como ordenan los estatutos de Corfecali y los principios de la sana administración que rigen a cualquier empresa constituida en Colombia.

De igual forma, es necesario hacer claridad sobre lo que está ocurriendo con la información que se solicita a través de los derechos de petición establecidos por la ley para saber lo que sucede en Corfecali y en la Administración Municipal con referencia al patrimonio público. Tanto El País como otros medios de comunicación, asociaciones de periodistas, concejales y ciudadanos del común han reclamado información a través de ese recurso jurídico, recibiendo a cambio negativas o informes evasivos.

Nada de eso es conveniente para la buena marcha de los asuntos públicos de Cali. El informe de la revisoría fiscal de Corfecali les da la razón a quienes de muchas maneras han tratado de encontrar la información sobre cómo se dispuso de los $11.000 millones que le entregó el Gobierno Municipal, y les ha sido imposible recibir las respuestas del caso. Y hace preguntar qué hizo la Alcaldía para asegurar que los cuantiosos recursos que entregó tenían la destinación y el buen uso que de ellos esperaban los caleños.

Ahora le corresponde a la Administración Municipal y a la de Corfecali aclarar todos y cada uno de los cuestionamientos de ese informe. Es el deber de explicarles a los ciudadanos el destino que sus gobernantes le dan a los impuestos y contribuciones que ellos pagan para tener una mejor ciudad. Más aún, cuando ellos fueron destinados a una feria virtual que fue cuestionada por sus altos costos, por su oportunidad y su inconveniencia en medio de la pandemia.

En eso consiste la transparencia en la administración pública. Así Corfecali sea una corporación de carácter mixto que no debe someterse a las leyes de contratación oficial, ha dispuesto de recursos provenientes de los tributos pagados por los caleños. Como tal, corresponde a su gerencia, a la Alcaldía, a la Contraloría Municipal y a la Personería dar las explicaciones que sean del caso.