Transparencia y credibilidad

Como consecuencia de los escándalos con motivo de la realización de las próximas elecciones locales y regionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil está en el medio de una polémica sobre su imparcialidad que crece con cada descubrimiento sobre la forma en que actúa.

Como consecuencia de los escándalos con motivo de la realización de las próximas elecciones locales y regionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil está en el medio de una polémica sobre su imparcialidad que crece con cada descubrimiento sobre la forma en que actúa. Es la consecuencia de tener una legislación obsoleta y unos organismos capturados por partidos y dirigentes que participan en los procesos electorales que la Registraduría debe realizar. En la edición de hoy, El País publica una amplia información sobre la forma en que dirigentes políticos tienen cuotas en las entidades que deben garantizar la transparencia de los comicios donde los ciudadanos escogen a sus gobernantes. Allí se pone de presente la manera en que se reparte el poder electoral, lo que se origina desde el momento mismo en que el organismo rector, el Consejo Nacional Electoral, es distribuido entre los partidos políticos que presentan y avalan candidatos en todo el territorio nacional. Es decir, su participación en el CNE los convierte en juez y parte, impidiendo la transparencia que se requiere para la credibilidad de la democracia. En la Registraduría el asunto es más preocupante. Como puede consultarse en la investigación publicada, existe una clara ingerencia partidista y en algunos casos personal en la designación de funcionarios y registradores tanto a nivel nacional como en las dependencias locales y regionales, que muchas veces son nombrados con el respaldo de aparentes concursos de méritos. Por eso es normal preguntar a qué partido o a qué dirigente pertenece el registrador de un municipio o el de un departamento. Es la costumbre inveterada de repartir pedazos del Estado entre los participantes en la liza política, creyendo que el procedimiento garantiza imparcialidad. O de asegurar la permanencia en un cargo con la entrega de cuotas a los jefes políticos quienes a través de sus recomendados aseguran su influencia en el poder electoral. Así, antes que garantizar transparencia y equilibrio a la Nación, lo que se consigue es poner en tela de juicio al árbitro por esencia de la democracia. Y el resultado salta a la vista. Que aún hoy el sistema electoral sea regido por normas anteriores a la Constitución de 1991 y que las reformas que se adoptan son inútiles para resolver el fondo del problema, significa el interés en mantener un status quo que beneficia sólo a quienes tienen posibilidad de acceder al CNE o a la Registraduría. De ahí a los escándalos como los producidos en las elecciones del 2010, sólo hay un paso que no se evitará con promesas como la de ofrecer la identificación biométrica para las elecciones del 30 de octubre en algunas cabeceras municipales del Valle.Es por lo menos increíble que Colombia no haya modernizado su sistema electoral pese a ser frecuente causa de polémicas y escándalos. Que los colombianos aún estén expuestos al fraude electoral y a la alteración de la voluntad popular es la consecuencia inexorable de la forma en que se pretende asegurar el control del Estado mediante la interferencia en los procesos electorales.