Tráfico miserable

Quinientos ochenta y dos millones de pesos cobraron los traficantes de personas que transportaban a los noventa y siete seres humanos detenidos en dos buses, en inmediaciones de Toro, departamento del Valle. Ese es el negocio de una actividad tan inmoral como internacional, que no parece despertar la sensibilidad para combatir semejante aberración.

En eso, en utilidades que genera ese mercado. Personas que en sus países padecen toda clase de limitaciones y deciden buscar su futuro en los Estados Unidos. Para ello pagan lo que les piden y se disponen a padecer toda clase de peligros y de persecuciones, y a arriesgar sus patrimonios para cubrir las exigencias de quienes se lucran con su tragedia.

Hace poco, el 13 de marzo, fueron otras 25 personas más las sorprendidas a la altura de Bugalagrande en la misma carretera secundaria del Valle que los delincuentes usan aprovechando la poca vigilancia. Ellos entran por Ipiales en la frontera con Ecuador y atraviesan el occidente de Colombia hasta alcanzar las selvas del Darién y los puertos del golfo de Urabá, donde son embarcados en condiciones infrahumana u obligados a atravesar la selva, a riesgo de su salud o de su integridad en manos de narcotraficantes y delincuentes.

Esta vez fueron ciudadanos de Haití. Pero también pasan por aquí miles provenientes de Cuba, de China, del África e incluso de Europa que pagan miles de dólares por la esperanza que les venden los delincuentes. Y al parecer, tienen la colaboración eficiente e interesada de funcionarios gubernamentales que permiten su ingreso al país y un tránsito de más de mil quinientos kilómetros. Hace muchos años se han lanzado alertas sobre lo que ocurre, y no pocas autoridades han emitido declaraciones y promesas.

Pero el negocio sigue próspero como lo demuestran las 97 personas detenidas el pasado jueves santo en la carretera Panorama. Un negocio que se inicia en los países de origen de esos inmigrantes y atraviesa muchas fronteras. Colombia es apenas una etapa y de aquí siguen a Centroamérica hasta la frontera con los Estados Unidos, la esperanza de quienes asumen esos riesgos y pagan lo que les exigen.

¿Y la comunidad Internacional? Al parecer esa cadena del crimen internacional sólo suscita acuerdos que se firman y no se cumplen pero sí generan más burocracia inútil. ¿Qué hacen la Organización de Naciones Unidas y sus innumerables instituciones creadas para proteger los Derechos Humanos de esas víctimas y a la niñez, o entidades como la Interpol para perseguir a las mafias que manejan el negocio y la Organización de Estados Americanos para promover la actuación de los países por donde circulan a diario las caravanas del horror que de vez en cuando se detienen, como pasó en Toro el pasado primero de abril?

Según se sabe, son decenas de miles las personas que atraviesan cada año a nuestro país como parte de ese negocio, y que aquí pagan seis millones de pesos cada una. Una aberración que desconoce la dignidad humana y que infortunadamente cuenta con la colaboración pagada de funcionarios y autoridades. Nada de eso puede ser aceptable para ninguna sociedad.