Resultados frustrantes

Al culminar las sesiones ordinarias del Congreso de la República debe reconocerse que hubo un cambio dramático en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aunque el resultado parece frustrante en materias en las cuales se debería tener avances que respondan al mandato de los colombianos de dar transparencia y fortalecer la legitimidad del Estado, el mensaje se mantiene para quienes tienen el deber de responder a su carácter de representantes de la voluntad popular.

Infortunadamente debe reconocerse que se hundieron la deseada reforma a la Justicia y gran parte de las iniciativas anticorrupción. Y se mantuvo la parte de la reforma política que no aporta a la credibilidad del Estado de Derecho, fortaleciendo mecanismos que evitan a los congresistas el tener que responder ante el país y quienes los eligieron por las propuestas que en teoría les hicieron merecedores de la elección popular.

Lo más simbólico es el hundimiento de la posibilidad de acabar con el voto preferente que ha llevado el clientelismo a extremos insospechados, convirtiendo a la política en un negocio individual en desmedro del fortalecimiento de los partidos organizados y con programas, que sean verdaderos interlocutores del devenir nacional y no meros cascarones al servicio de intereses particulares. Al afirmar que tal propuesta es el regreso del nefasto bolígrafo que concentra el poder en pocas manos, se está desconociendo el resto de la iniciativa que obliga a realizar elecciones internas y a crear instituciones serias que dirijan los partidos como lo hacen en casi todo el mundo democrático.

El otro aspecto que preocupa se refiere a propuestas como el entregar al Congreso el poder de decidir sobre el 20 % de la inversión anual del Estado. Eso es pretender alterar la Constitución para consagrar de nuevo los auxilios parlamentarios de ingrata recordación, o para perfeccionar los llamados cupos indicativos mejor conocidos como la mermelada con la cual se construyeron las coaliciones de gobierno y se garantizó el respaldo a la agenda del Ejecutivo.

Más grave aún, es que con ello se rompe la unidad de mando que debe tener el Estado para manejar el Gasto Público, abriendo la puerta para que el Congreso crezca los presupuestos y los egresos sin responsabilidad. Si esa facultad se mezcla con el mantenimiento del voto preferente, será fácil entender cómo se financiarán las campañas, en especial las regionales y locales que se celebrarán el próximo año.

Con ello puede empezar a resumirse los resultados que arrojó la que debería ser una de las más cruciales legislaturas de los últimos tiempos en Colombia. No ha sido así, y si bien la reforma que se comenta quedó para ser revisada y aprobada a partir de marzo próximo, desde ya puede decirse que es preferible hundir esa colcha de retazos a mantener con vida lo que en muchos sectores, y con razón, se considera como los grandes enemigos de la política noble y de la transparencia en el manejo del Estado.
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