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¿Quién responde?

Las decisiones se debieron tomar en el momento oportuno para garantizar una obra bien hecha, que cumpliera su objetivo y brindara seguridad a sus usuarios

26 de junio de 2022 Por: Vicky Perea García

La que en su momento se consideró la principal obra de infraestructura vial de Cali, que desembotellaría el sur de la ciudad y agilizaría la conexión entre la capital del Valle y Jamundí, no deja de dar dolores de cabeza. Ahora la Contraloría Municipal dice que hay deficiencias en la ampliación de la carretera, lo que conllevaría a un detrimento patrimonial y, más grave aún, pondría en riesgo la seguridad en la carretera.

Así se le suma un problema más a una obra que presentó retrasos considerables, costó el doble de lo presupuestado y a la que se le debieron hacer múltiples cambios en el camino. La ampliación de la vía Cali - Jamundí fue adjudicada al Consorcio ALC, con participación mayoritaria de Amézquita Naranjo Ingeniería, en marzo de 2018, en ella se invertirían $49.609 millones y debía ser entregada en un plazo máximo de dos años.

Nada se cumplió: los anuncios sobre la culminación de los trabajos se sucedieron mes a mes desde el 2020, pero la entrega final de las obras apenas se hizo en mayo de este 2022, es decir dos años después. El presupuesto inicial se ‘voló’ en $39.000 millones, por lo que el costo definitivo superó los $89.000 millones, y en algunos tramos fue necesario modificar el diseño original ya fuera por razones técnicas o porque no había dinero para hacerlo como estaba, como sucedió con el deprimido que debía construirse frente a la Universidad Autónoma de Occidente.

Concluida la ampliación, y habilitada la vía en su totalidad, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar. Tramos que parecen toboganes, reparcheos en diferentes puntos de la carretera porque el asfalto se deterioró, huecos que ponen en riesgo a los vehículos y en especial a los ciclistas que transitan por la carretera. Frente a los reclamos permanentes, la Contraloría inició la investigación y determinó que hay al menos cuatro puntos donde se incumplieron las normas técnicas exigidas por el Invías, por lo cual el detrimento patrimonial sería de $1251 millones.

Frente a la contundencia del informe del organismo de control, ahora se debe preguntar quién asumirá las responsabilidades por las deficiencias técnicas y por la recuperación de esos dineros que fueron pagados por los caleños para que se diera solución al congestionamiento en el sur de la ciudad. Hay que recordar que el contratista de la vía Cali-Jamundí tiene un historial de incumplimientos, entre ellos los del puente de Juanchito y uno de los tramos de la ampliación de la antigua vía Cali – Yumbo, pese a lo cual le fue adjudicada esta obra.

Lo sucedido tiene que llevar a una investigación a fondo, que determine quiénes son los responsables de que la ampliación de esa carretera se haya tomado el doble del tiempo y de recursos, y que no se haya hecho con la calidad que exigía. Las decisiones se debieron tomar en el momento oportuno para garantizar una obra bien hecha, que cumpliera su objetivo y brindara seguridad a sus usuarios.

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