¿Qué pasa en la Policía?

A pesar de su inmensa e invaluable labor en defensa de la seguridad y la convivencia de los colombianos, la Policía Nacional ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en algunos casos justificados. Responder a esas inquietudes, resolver los problemas que existen en su interior y adoptar las reformas que sean necesarias para cumplir su misión, son tareas que no dan espera en un país con graves amenazas de la delincuencia.

A diario, la nación recibe grandes y pequeñas muestras de la labor abnegada que cumplen los 159 mil integrantes de la Policía. Eso se ve en actos que no necesariamente son destacados por los medios de comunicación que sin embargo benefician a millones de ciudadanos, o son tomados como ejemplos en otros países por su valor y efectividad en el combate al delito y en la labor de apoyar a las personas que lo necesitan.

Pero igual existen asomos de hechos que causan inquietud y se devuelven en contra de la institución que en algunos momentos ha sido la más querida y respetada por los colombianos. Es el caso de la corrupción que involucra a algunos de sus integrantes, en especial a algunos oficiales, produciendo graves daños a la confianza y credibilidad que debe despertar una de las labores más necesarias y sin duda peligrosas del accionar del Estado.

También se han producido reacciones contra los abusos de autoridad que algunos policías cometen en desarrollo de sus funciones, aunque, valga la verdad reconocerlo, muchas de estas denuncias se originan en intereses políticos de quienes pretenden limitar la capacidad de respuesta del Estado frente al vandalismo y la criminalidad que aspira a apoderarse de la protesta social. No obstante, es necesario admitir que ese es un asunto que requiere respuestas del Estado para evitar el desgaste de quienes están más cerca de los ciudadanos en su vida diaria.

El otro aspecto, más delicado si se quiere, es la división entre sus mandos, algo que parece tener raíces en el tiempo. Lo de ahora es la confrontación abierta y mediática entre su Director Nacional y el Inspector General, que tiene su más visible y prolongada expresión en el proceso que adelantan la Procuraduría y la Justicia por un proyecto de varios miles de millones de pesos para construir casas fiscales en el departamento del Tolima.

Esa confrontación ha tenido desarrollos infortunados como las denuncias del inspector, general William Salamanca, por amenazas, lesiones, espionajes y actuaciones indebidas en el proceso de la referencia, y en las cuales involucra al director, general Óscar Atehortúa.
Con ello se ha creado una atmósfera inaceptable sobre lo que ocurre al interior de una institución que ante todo debe ser símbolo de transparencia y unidad en el cumplimiento de su misión.

Nada de eso puede ser aceptable, y debe tener un final próximo para evitarle más daños a la Policía Nacional y al Estado de Derecho. Para bien de todos, hay que reclamar la acción del gobierno que proteja el nombre y la marcha de un organismo fundamental, y que la libere de las sospechas y acusaciones que minan también y en primer lugar la moral de sus integrantes.