Por una campaña en paz

Siete candidatos a alcaldías asesinados es el saldo que deja la violencia que afecta la campaña para elegir los cargos de representación popular en municipios y departamentos. Así como la cifra es de por sí alta, también denota la necesidad de que el Estado enfrente con toda su capacidad lo que sin duda es un desafío de la ilegalidad y el crimen a las instituciones democráticas.

El último de esos asesinatos se produjo contra Bernardo Betancourt Orozco, candidato a la alcaldía de Tibú, en Norte de Santander. Antes fueron la candidata Karina García Sierra del Partido Liberal, aspirante a la alcaldía de Suárez, en el Cauca, y Orley García, del Centro Democrático en Toledo, Antioquia. Fue una quincena luctuosa para la democracia colombiana que obliga a una reacción tanto de las autoridades como de la sociedad para impedir que sus autores logren su cometido y de paso siembren el terror en los colombianos.

Pero, ¿quiénes son los autores y cuáles sus motivaciones? Lo que parece quedar cada vez más en claro es que esa racha de asesinatos no responde a una confrontación ideológica o motivada por razones partidistas, lo que lleva a descartar la política tradicional y la polarización natural a ella como causa de esos crímenes. Más aún cuando tales hechos han sido precedidos por amenazas y extorsiones de quienes pretenden imponer sus intereses criminales, ya sean el narcotráfico, la minería ilegal o el lavado de activos, para lo cual son cruciales los mandatarios municipales.

Es pues un asunto distinto que se relaciona directamente con el desafío que han planteado las organizaciones criminales a las instituciones, aprovechando las dificultades del Estado para responder a los autores de tales crímenes. Además, son asesinatos cometidos con toda la ferocidad posible para causar el terror con el cual sus autores pretenden mantener el dominio sobre las poblaciones y sus habitantes, por lo general de escasos recursos.

Desde esa perspectiva sí son hechos producto de una intención política, la de disputar el territorio y apoderarse de los organismos más cercanos al ciudadano y más débiles en términos de fuerza, para dar paso a la explotación de actividades delictivas y la imposición de mecanismos de opresión contra los ciudadanos que se opongan o no se plieguen a sus designios.

Sea cual fuere la explicación, la sociedad colombiana está indignada con lo que está sucediendo, donde los cargos de representación popular en municipios y departamentos son hoy el objetivo de los criminales. Ante esa perspectiva, que ha sido denunciada con suficiente anterioridad por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, el Estado y las autoridades deben anticiparse a los hechos y ofrecer la protección que requieren los aspirantes a esos cargos.

Por lo anterior es necesario también el pronunciamiento de los partidos, empezando por aquellos cuyos candidatos son víctimas de esa violencia. Hay que poner el interés nacional por encima de las diferencias y decirles no a quienes están convirtiendo el proceso electoral en motivo de tristeza y de zozobra para los colombianos.