No a la barbarie

De nuevo la denuncia contra miembros de las fuerzas Militares que cometieron atropellos contra una niña indígena en el Guaviare produce el estupor y el rechazo de la Nación contra un acto imperdonable. Son hechos inaceptables de barbarie que destruyen la confianza en una de las instituciones más queridas por todos los colombianos.

Hace pocos días se conoció la violación que cometieron siete soldados contra una niña de la tribu Embera Chamí en Risaralda, la cual fue reconocida ya por sus autores, quienes están a la espera de los procedimientos que lleva a cabo la justicia ordinaria. Fue ésta una acción abusiva e inaceptable no autorizada y que no forma parte de las funciones propias del Ejército que tiene el deber de proteger a todos los colombianos.

Ahora se conoce de otra menor de la etnia Nukak Makuk que, según parece, fue llevada al batallón ubicado en San José del Guaviare en septiembre del año pasado por dos integrantes del Ejército donde fue maltratada y violada en múltiples ocasiones y luego abandonada en una carretera. Imposible que en la sede de un batallón donde hay centenares de soldados, oficiales y funcionarios tales hechos no se hayan conocido en su momento ni haya existido forma de evitarlos.

Son conductas de la peor laya que desconocen la dignidad de dos niñas. Actos que no pueden ser tolerados ni justificados, menos aún si fueron cometidos por quienes debieron recibir la educación y la formación más profunda sobre el respeto a los derechos humanos y, en especial, sobre la proyección que debe brindarse a la vida, honra y bienes de los seres humanos sin distingo de ninguna naturaleza.

Por eso mismo causan tanta indignación esos crímenes contra quienes estaban en la indefensión total. Y obligan a preguntar por la formación y los controles que deben existir en todas y cada una de las filas de la Fuerza Pública para evitar hechos que desconocen y pisotean la dignidad de seres humanos, además de convertirse en motivo de vergüenza y deshonra para las instituciones a las cuales pertenecen.

Los colombianos aman y respetan a sus fuerzas militares y reconocen el esfuerzo y el sacrificio que sus integrantes han hecho al poner en riesgo su integridad y su vida para defender a sus compatriotas y combatir todas las formas de criminalidad. Pero debe quedar claro que no aceptan, que no pueden aceptar atropellos como los que se han conocido, los cuales son una afrenta a la civilización, además de un irrespeto a los principios y valores que los militares y policías han jurado defender.

Además de condenar con firmeza e indignación esa barbarie que enloda la democracia de nuestro país, es el momento para exigir que quienes tienen a su cargo el mando y la formación de los militares, respondan como es debido por lo que ha ocurrido. Y que además de sancionar a los autores de esa atrocidad le aseguren a la Nación que esos hechos no se repetirán jamás.

Es el deber que tienen para limpiar el nombre y la reputación del Ejército, hoy mancillado por las miserias que cometieron unos pocos y que le hacen enorme daño a nuestra querida y honorable institución.