Los tributos ambientales

Colombia tiene el deber de recuperar y conservar sus recursos hídricos porque es allí donde está su bien más preciado. Para que así sea no basta con sacar normas nuevas, también se debe garantizar que estas se cumplen y sirven a los intereses para los cuales fueron creadas.

La reflexión nace del decreto emitido por los ministerios de Ambiente y Vivienda con el propósito de aumentar los recursos destinados a la preservación de las cuencas hídricas y las fuentes que abastecen de agua a los colombianos. La normatividad, pendiente de la sanción del Presidente, determina que los usuarios de servicios de acueducto y alcantarillado pagarán un peso más por cada centímetro cúbico de agua que consuman, impuesto destinado a financiar los proyectos ambientales que permitan cumplir con el propósito.

La intención de la normatividad, que reglamenta un artículo de la Ley 142 de 1995 y complementa el decreto 1077 del 2015, es plausible pero lleva a preguntarse si la solución está en recurrir a nuevos gravámenes ambientales. Como ejemplo está el impuesto a las bolsas plásticas, que si bien ha logrado el objetivo de reducir el uso de esos aditamentos, también deja dudas sobre la destinación de los recursos obtenidos. A los colombianos no se les ha contado cuánto se ha recaudado, cuáles son los proyectos en los que se invierten esos dineros o quién controla su ejecución.

Esas son las mismas preguntas que surgen con el nuevo decreto. Éste deja en manos de las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado tanto el cobro como el manejo de los recaudos, previa reglamentación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mientras que la vigilancia la ejercerá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El cálculo del Gobierno es que así los dineros destinados a cuidar los recursos hídricos aumentarán 20 veces. ¿Cómo se garantizará que esos presupuestos sean bien manejados o que las iniciativas en los cuales se invertirán sean las idóneas para la conservación de los ecosistemas? La respuesta le interesa mucho a Cali, una ciudad con siete ríos, todos ellos con graves problemas de contaminación o deterioro, con sus cuencas afectadas por la deforestación, por la minería ilegal y por el abandono.

Si a los usuarios caleños se les van a pedir más contribuciones, Emcali así como las entidades ambientales del orden nacional y los organismos reguladores deben asegurarles que esa plata se utilizará en la descontaminación del río Cauca, en devolver a su estado original las cuencas de los ríos Cali, Aguacatal y Meléndez, en cuidar el Pance y recuperar el Lili y el Cañaveralejo. Si las intenciones no están acompañadas de planes definidos, se corre el riesgo de perder los recaudos que se hagan o que estos se usen para otros designios.

La responsabilidad que tiene Colombia de conservar sus recursos naturales, sobre todo los hídricos que son su mayor riqueza, es indiscutible. Pero se debe reflexionar si es a través de ponerle gravámenes a todo, con resultados que pocas veces se ven, como se logrará cumplir ese propósito.