Los problemas del cambio

De acuerdo con los resultados electorales y con los sondeos de opinión, el 2018 debió ser el año del cambio drástico en la política colombiana. El cierre del año, medido por los hechos que se produjeron en el Congreso de la República, indican que sí hay ese cambio aunque no necesariamente en la dirección que debería producirse de acuerdo con la voluntad expresada por los votantes.

El primer reclamo de los colombianos fue sin duda contra la corrupción que afecta la actividad pública y privada del país. Corrupción que perjudica con saña las finanzas en todos los niveles de la administración pública y de todas las ramas del poder, la contratación oficial y ya llegó a los tribunales más altos de la Justicia, teniendo a Magistrados de la Suprema y de la Constitucional involucrados en procesos penales en su contra.

El más emblemático y aparatoso de todos esos escándalos es el de Odebrecht y, en especial, la concesión ‘Ruta del Sol II’, la más grande del país en su historia. El destape de la vergonzosa trama de mordidas, de pagos ilegales, de trapisondas para lograr su ampliación, fue aumentado por las denuncias y la muerte de Jorge Pizano, ‘controler’ designado por una de las partes del consorcio que puso en aprietos al Fiscal General de la Nación.

Ante esa corrupción que destruye la credibilidad y el respaldo del Estado de Derecho, los colombianos se expresaron en las elecciones presidenciales eligiendo a Iván Duque, candidato de la oposición, como primer mandatario, y votando de manera caudalosa por el candidato de la izquierda. Fueron más de veintiún millones de sufragios reclamando el cambio, que después se complementaron con doce millones de votos a favor del referendo anticorrupción.

Sin embargo, tales resultados no correspondían con los que arrojó la elección del Congreso, donde las mayorías se mantuvieron en los partidos y movimientos tradicionales. La consecuencia fue un Legislativo en el cual el Gobierno no tiene mayorías por primera vez en varias décadas, y una agenda que se atoró, al punto en que su propuesta de reforma tributaria fue seriamente peluqueada y se hundieron cambios reclamados por años como la reforma a la Justicia o la mayoría de los proyectos anticorrupción.

Mientras tanto, quedaron vivas propuestas como la reforma política que entre otras perlas aspira a entregarles la iniciativa a los congresistas para disponer del 20 % de los presupuestos anuales de inversión. Con ello arranca el 2019, mientras el Gobierno padece los problemas de no tener una coalición que asegure el tránsito de sus iniciativas, debido ante todo a su compromiso con la renovación de las costumbres políticas y su negativa a negociar el poder mediante la llamada mermelada o de la entrega de cuotas de poder.

Así, la política parece atrapada en sus cauces tradicionales donde el cambio que piden los electores parece cada vez más difícil de realizar en el Congreso, mientras surge una puja entre un Gobierno en minoría y una mayoría que bloquea esas transformaciones. A dónde llegará la política y la posibilidad de atender ese reclamo es el gran interrogante para el año que se inicia el próximo primero de enero.
​