Los niños y la violencia

La denuncia cada vez más frecuente de actos de violencia contra los niños en Colombia obliga a buscar las razones de ella y a encontrar los correctivos que sean del caso. Aunque parezca un lugar común, en ellos y en la defensa de sus derechos está la clave para recuperar la posibilidad de tener una sociedad pacífica, respetuosa y preparada para enfrentar los desafíos de la intolerancia.

Los hechos que se dan a conocer a diario sobre esa violencia deberían producir la reacción de los colombianos. Un día es la niña que es incinerada en Fundación, Magdalena, luego de ser sometida a toda suerte de vejámenes por su homicida. En ese mismo sentido, son numerosas las denuncias sobre abusos cometidos contra menores de edad, la inmensa mayoría de los cuales se producen en los hogares, o de los niños sometidos al comercio sexual, en muchos casos explotados por sus propios familiares.

Para no divagar con un asunto tan grave, el país recibió la noticia del secuestro de un menor de cinco años, hijo del Alcalde de El Carmen, municipio ubicado en el Catatumbo. Ese sólo hecho debería desencadenar la protesta, sin detenerse a elucubrar sobre los autores de la barbaridad o las causas por las cuales el infante es objeto del crimen. A cambio, lo que parece existir es una casi indiferencia de la sociedad, mientras el Presidente de la República y otros protagonistas de la vida pública reviven la posibilidad de imponer la cadena perpetua contra quienes cometan ese o cualquier delito atroz contra los niños.

Por supuesto que hay que pensar en redoblar los castigos contra los causantes de una tragedia que deja miles de víctimas, casi todas ignoradas, en la infancia colombiana, y que luego se traduce en la multiplicación de la intolerancia. La violación de sus derechos no es un asunto de derechos individuales y demuestra la incapacidad del Estado para protegerlos. Y afecta la estructura misma de la Nación, en la medida en que las víctimas, si no reciben la atención que requieren, muchas se convierten en reproductoras de las conductas de las que fueron objeto.

Pero el problema no puede circunscribirse sólo al derecho penal, a las sanciones a sus violadores y de la promoción de leyes que castiguen esa conducta contra la niñez. Ante todo, es un asunto que debería tocar las fibras de la Nación, que debería motivar el cambio en la cultura y el despertar de la sensibilidad que se requiere para que cada ciudadano, cada padre de familia, asuma la obligación que tiene de proteger a los niños de esa violencia a la que están expuestos.

Sin duda, es triste llegar a los medios de comunicación y encontrar a diario las reseñas que deben publicar sobre abusos, crímenes, secuestros o maltratos a los cuales son sometidos los menores, indefensos y en muchas ocasiones desprotegidos por sus familias, por el Estado y por la sociedad. Eso es el reflejo de lo que está ocurriendo y que no puede seguir tomándose como parte de nuestro acontecer y de la rutina, porque sería como renunciar a la dignidad que se debe proteger como el valor que caracteriza a una nación civilizada.