Los niños ilegales

el Gobierno de los Estados Unidos está amarrado puesto que debe cumplir un proceso largo para realizar las deportaciones, mientras enfrenta a presión de las comunidades en las zonas fronterizas que le exigen actuar con diligencia para detener la migración. Entre tanto, se conocen denuncias sobre maltratos a los jóvenes y niños, que han generado el rechazo de grupos afines al Gobierno y la intervención de la Acnur, agencia de refugiados de la ONU.

Por cuenta de las enormes diferencias entre las oportunidades que ofrecen los Estados Unidos y las economías de Centroamérica, se está produciendo una nueva versión de la migración ilegal. Esta vez son miles de menores de edad, quienes debido a una interpretación de un decreto emitido en el 2012 por el presidente Barack Obama están llegando al país norteamericano, causando un gran problema humanitario a su gobierno. La clave del asunto es el decreto de Acción Diferida con el que el presidente Obama pretendió enfrentar el problema de los menores de edad llevados por sus padres, inmigrantes ilegales, antes del 2007, quienes no tenían acceso a la educación y debían ser deportados. Con la norma, que parecía un anticipo de lo que era entonces un acuerdo para sacar adelante la reforma migratoria que legalizaría cerca de diez millones de ilegales, se debería poner punto final a una actuación por lo menos injusta. Sin embargo, esa norma fue malinterpretada ahora, originando un éxodo de proporciones que ya desbordan la capacidad de atención del gobierno estadounidense. El otro motor de esa migración está en la pobreza, las condiciones de inseguridad que viven países como Guatemala, Honduras y el Salvador, y la incapacidad de sus gobiernos para atender las demandas de sus jóvenes. Esa confluencia es la que ha originado un éxodo incalculable que se expresa en la detención de 52.000 menores durante lo corrido del presente año, el doble de los que vivieron lo mismo en el 2013.Pero el drama no termina ahí. A causa de la enconada disputa entre Demócratas y Republicanos y a la cercanía de las elecciones parlamentarias, la reforma migratoria está paralizada en la Cámara de Representantes. Y el presidente Obama está atrapado entre un decreto expedido por George W. Bush que impide la deportación inmediata de los ilegales, la falta de recursos para atender la emergencia creada por el crecimiento exponencial en el número de ilegales menores de edad y la negativa de la Cámara dominada por los opositores a aprobarle cualquier iniciativa, incluida la destinación de US$3.700 millones para atender esa emergencia. Lo claro es que el Gobierno de los Estados Unidos está amarrado puesto que debe cumplir un proceso largo para realizar las deportaciones, mientras enfrenta a presión de las comunidades en las zonas fronterizas que le exigen actuar con diligencia para detener la migración. Entre tanto, se conocen denuncias sobre maltratos a los jóvenes y niños, que han generado el rechazo de grupos afines al Gobierno y la intervención de la Acnur, agencia de refugiados de la ONU.En resumen, lo que hay es una crisis humanitaria creciente a la cual no le encuentran salida fácil, debido a la dura rivalidad política que neutraliza la capacidad de maniobra del presidente Obama, a las duras condiciones de vida que afectan a varios de sus países vecinos, y a la diferencia entre el mundo desarrollado y aquellos países que no pueden ofrecer posibilidades de progreso para su juventud, a causa del atraso, la violencia y la pobreza. Ese es el drama de los niños ilegales.