Los contratos de la Alcaldía

Descalabro tras descalabro, la contratación del municipio de Cali sigue dando tumbos, desperdiciando preciosos recursos que deberían servir para solucionar los innumerables problemas que padece la comunidad caleña. Y entre tanto, el gobierno municipal se empeña en ampliar el objeto social de las entidades descentralizadas para poder tercerizar la contratación, en lugar de asegurar la transparencia y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos y la prestación de los servicios.

Uno de los ejemplos más notorios es lo ocurrido con las cámaras de seguridad, elemento crucial para la labor de la Policía y la Justicia en la vigilancia de la ciudad y el combate a la delincuencia. No obstante, como se ha denunciado en el Concejo en medio de actividades de control político a la secretaría de Seguridad y Justicia, y de acuerdo con la Contraloría Municipal, los últimos tres contratos han sido un verdadero fracaso.

En efecto, y según informes del organismo de control local, en una muestra de 148 cámaras se encontró que el 68% de ellas no funcionan y sólo el 5% operan a satisfacción. Tres firmas se han contratado desde el 2019 y todas han mostrado falencias notorias en su obligación de mantener o modernizar el sistema de vigilancia, una de las claves de la seguridad ciudadana en todas partes del mundo. Y según el concejal Fernando Tamayo, en eso se han gastado $30.000 millones del presupuesto de seguridad de Cali, de por sí recortado por el gobierno de Jorge Iván Ospina.

Pero en esas cifras significativas no se incluye el contrato que la administración local celebró en diciembre de 2020 con la Imprenta Departamental, a la cual le ampliaron el objeto social para poder realizar toda clase de negocios. En este caso, el municipio de Cali le entregó $5743 millones para que en 15 días se le hiciera mantenimiento a esas cámaras. Por supuesto, como fue una tercerización, evadió la exigencia de realizar el proceso que obliga a rendir cuentas, y nunca se le hizo control político.

Ahora, el gobierno de Ospina se empeña en sacar adelante la ampliación del objetivo de la Empresa de Renovación Urbana de Cali, Emru, que ya había sido negada. Eso significa que esa entidad creada con objetivos muy precisos, podrá contratar a sus anchas lo que a bien tenga la alcaldía, pretextando la necesidad de agilizar la ejecución y sin pasar por los ‘engorrosos’ trámites de la ley de contratación.

Como consecuencia, y de aprobarse la propuesta, tendrán vía libre contratos como los que se quisieron realizar con Emcali para el plan vial de $98.000 millones. O lo que se pretende tramitar a través de revivir la sociedad Caligén para ejecutar los más de $400.000 millones que cuesta el programa Cali Inteligente, negado por el Concejo ante el reclamo de la ciudadanía.

Ojalá la plenaria del Concejo reflexione y no se preste a un cambio en el cual entregará su función constitucional más importante, controlar la actividad de la administración y el patrimonio de la ciudad, lo que le da sentido a la elección de quienes deben proteger el interés general.