Las metas de erradicación

Erradicar en un año 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos, apenas el 10% del total, es una cifra ínfima para el mayor productor de cocaína del mundo. Esa meta, propuesta por el gobierno de Gustavo Petro para el 2023 y que podría ser menor si continúa la tendencia de los dos primeros meses, significa que se le permite al narcotráfico mantener el control de una parte importante del territorio nacional y lucrarse del negocio que amenaza la estabilidad de Colombia.

El Presidente ha dejado claro desde el principio de su mandato cómo será su política antidrogas. Además de insistir en foros internacionales sobre la legalización del consumo, anunció que no perseguirá a los campesinos que siembran hoja de coca o marihuana porque es imposible pensar que abandonarán la ilegalidad mientras no se les garantice otra forma de sustento. Ello significa que no se hará erradicación forzosa, lo que en la práctica conlleva a bajar el número de hectáreas intervenidas.

Por ello no es de extrañar que durante enero pasado no se haya eliminado un solo metro cuadrado de esos cultivos en el país, en comparación con las 2982 hectáreas en el mismo periodo del año anterior. O que la cifra al 24 de febrero llegara apenas a 410 hectáreas, según datos entregados por el Director de la Policía Nacional.

En un país con 204.000 hectáreas sembradas de coca, de acuerdo al informe más reciente de la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, retroceder en las metas de erradicación o en las de incautación, que también muestran una disminución importante en este principio de año, se traduce en allanarles el camino a quienes se dedican al negocio del narcotráfico.

Sin desconocer el problema social que existe en la mayoría de los territorios dominados por los cultivos ilegales o la influencia que en ello ha tenido el persistente abandono estatal, lo cual demanda de la intervención urgente del Gobierno, ceder en la lucha contra las drogas significa poner en un peligro mayor a Colombia.

No se puede ignorar que el negocio del tráfico de estupefacientes es la causa de buena parte de la violencia nacional, esa que asesina líderes sociales, deja dos mil muertos al año en el Valle del Cauca, genera más pobreza o destruye comunidades mientras arrasa con la biodiversidad como ocurre en el litoral Pacífico, inundado hoy por cerca de 90.000 hectáreas sembradas de coca.

Entretanto, preocupa que con las políticas definidas por el presidente Petro se debilite la capacidad de la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones criminales, incluidos los grupos que hoy reclaman reconocimientos y acuerdos para no pagar por sus delitos, mientras continúan delinquiendo, obligan a los campesinos a seguir con los cultivos ilícitos e imponen el terror. Solo a ellos beneficia que la erradicación se reduzca a niveles mínimos como los programados para este año, o que dejen de utilizarse herramientas legítimas para acabar con la producción de narcóticos.

El negocio de las drogas ilícitas es el peor enemigo de Colombia, de la paz y de la convivencia nacional. Por ello se necesitan decisiones coherentes y realistas del Estado para enfrentar al narcotráfico, sus causas y sus consecuencias nefastas.