Las cartas sobre la mesa

Desde el título del proyecto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso se conoce el propósito de la propuesta: se trata de “una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional”. Allí se incluyen por primera vez temas que antes eran parte obligada de las reformas a la justicia, a pesar de ser de contenido político.

La semana que termina trajo consigo la propuesta oficial para empezar a reformar la Constitución en asuntos que han generado polémica y causado grandes desequilibrios en el sistema de pesos y contrapesos que debe garantizar la eficiencia y la imparcialidad en el funcionamiento del Estado. A partir de ahora, el debate está abierto para lograr algunos de los cambios que reclama la sociedad para recuperar la confianza en las instituciones. Desde el título del proyecto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso se conoce el propósito de la propuesta: se trata de “una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional”. Allí se incluyen por primera vez temas que antes eran parte obligada de las reformas a la justicia, a pesar de ser de contenido político. Y se proponen cambios referentes a los organismos de control y vigilancia, en especial la prohibición de reelecciones y la elección de quienes ejerzan la dirección de la Contraloría y la Procuraduría.Por supuesto, como propuesta para recuperar el equilibrio y lograr el reajuste de las instituciones, la política tiene gran protagonismo. Y empieza por desmontar la reelección presidencial, que muchos sectores del país consideran inconveniente y nociva para la democracia. Pero también plantea normas para acabar con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, fuente de dudas y de impunidad, y la creación de un tribunal de aforados compuesto por siete magistrados elegidos por el Congreso. También se proponen artículos dirigidos a fortalecer la importancia de los partidos, como la eliminación del voto preferente, obligando a estructurar listas cerradas. Y se pretende mejorar la representatividad regional al establecer que cada departamento tenga por lo menos un Senador. En lo concerniente a la Justicia, lo más importante es la eliminación del cuestionado Consejo Nacional de la Judicatura, reemplazado por una estructura en la cual existe una especie de junta directiva compuesta por los presidentes de las Cortes y delegados de los funcionarios de la rama. Así mismo, se establecen otras instancias, más técnicas y menos políticas para el manejo de un organismo del cual dependa la atención de los problemas judiciales que afectan a los colombianos. A todas estas propuestas se sumaron las hechas por el sector mayoritario de la oposición, el Centro Democrático. Y ya se produjeron reacciones diversas. Por ejemplo, parece clara la eliminación de la reelección presidencial. Pero ya existe polémica sobre la posibilidad de devolverle al Presidente la facultad de elaborar la terna de la cual se elegirá al Procurador General de la Nación, lo que desvirtúa el equilibrio de poderes que estructuró la Constitución de 1991. En esas condiciones puede decirse que las cartas del juego democrático están sobre la mesa. El Gobierno ha abierto la partida y al Legislativo le corresponde dar el debate en el cual debe tener en cuenta las necesidades y los reclamos de la Nación. Es el momento de rescatar la credibilidad de muchas de las instituciones del Estado desgastadas por la política mal entendida.