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La verdad necesaria

Los hechos denunciados por la revista Semana en su edición del pasado sábado son de una gravedad extrema. Ellos involucran varios Generales de la República, entre otros al subcomandante del Ejército, y tienen que...

9 de julio de 2019 Por: Editorial .

Luego de las revelaciones sobre posibles actos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, los movimientos que se han producido en su dirigencia por el Gobierno Nacional indican que tales denuncias tienen asidero y produjeron la reacción que corresponde para erradicar un mal que puede acabar con la credibilidad de una de las instituciones más importantes para la confianza de los colombianos.

Los hechos denunciados por la revista Semana en su edición del pasado sábado son de una gravedad extrema. Ellos involucran varios Generales de la República, entre otros al subcomandante del Ejército, y tienen que ver con malversación de fondos, el uso de las atribuciones propias de sus rangos, el cobro de dineros para realizar trámites de los particulares y la cacería a quienes en su momento revelaron los documentos que causaron polémica sobre la exigencia de presupuestar resultados en términos de bajas.

Por lo que se conoce, varios de tales hechos eran conocidos e investigados desde hace meses por la Fiscalía General de la Nación, así como fueron de conocimiento de la Inspección General del Ejército. Y a juzgar por las reacciones de los últimos días, que implicó el llamado a calificar servicio de uno de los oficiales implicados, las vacaciones del segundo comandante del Ejército y el traslado de quien se le adjudica la responsabilidad de perseguir a quienes dieron a conocer los polémicos documentos revelados por el New York, Times, lo revelado hasta ahora es contundente.

Además de la actuación iniciada por el Gobierno, ahora deben producirse los resultados que se esperan de los organismos que dentro de las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la investigación y la vigilancia de todos y cada uno de sus integrantes, sin distingo alguno de grados. Y deben actuar también las entidades de control encargadas de vigilar la correcta actividad de todos los servidores públicos, así como las instituciones de Justicia responsables de perseguir a los delincuentes.

Y no se trata de una campaña de desprestigio al mando militar ni de causar daño al Ejército Nacional como lo han sugerido en algunas esferas. Es ante todo el deber de la prensa de servir como ojos de la sociedad para impedir que se imponga la inmoralidad dentro de quienes deben dar ejemplo de transparencia, y para evitar que el interés por erradicar y perseguir a los violentos sea utilizado para justificar u ordenar conductas que ignoren el compromiso de la Fuerza Pública con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Así como la verdad dejará en limpio el nombre de quienes resulten inocentes, y ante el impacto que los hechos denunciados pueden tener en la moral de la Fuerza Pública y en la credibilidad del Estado, la investigación sobre lo denunciado debe llevarse hasta sus últimas consecuencias y no debe haber contemplaciones con quienes hayan desconocido la ley creando un precedente que no puede quedar impune.
Pero, ante todo, contra quienes hayan ignorado los valores y principios de una institución que es pilar fundamental de nuestra democracia y está en el alma de todos los colombianos.

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