La polémica propuesta

Esa propuesta significa por sí sola una nueva manera de plantear las relaciones del ciudadano y el Estado, por lo cual debería tener una elaboración más profunda. Más aún cuando el presidente Santos la relaciona en sus declaraciones con el logro de un acuerdo de paz con las Farc, con el posconflicto y la posibilidad de incluir desmovilizados en el proyecto esbozado por el Mandatario en su visita a París

Gran revuelo han causado las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en París sobre la posibilidad de incluir integrantes de la guerrilla en el cuerpo de policía rural que piensa crear para garantizar la paz en el campo colombiano. Ante la trascendencia de la medida, hubiera sido deseable que fuera divulgada con el cuidado que requiere una noticia que mezcla transformaciones necesarias para la seguridad con elementos que son polémicos y se prestan para debates que radicalizan a la opinión pública. Sin duda, la seguridad en el campo es una de las claves para conseguir la paz en Colombia. Y en ese sentido, la Policía como organismo encargado de promover y vigilar la convivencia puede ser la institución que haga presencia como garante de la tranquilidad. Además, su radio de acción podría convertirla en una especie de árbitro que resuelve los conflictos entre los habitantes del campo, como lo hace en otras sociedades. Por supuesto, ello no implica suplantar el papel de la Justicia y debe tener el respaldo de entidades del Gobierno Nacional que suministren soluciones a los ciudadanos, así como una profunda pedagogía en las autoridades municipales y regionales, las más cercanas al campesino y a sus necesidades. Esa propuesta significa por sí sola una nueva manera de plantear las relaciones del ciudadano y el Estado, por lo cual debería tener una elaboración más profunda. Más aún cuando el presidente Santos la relaciona en sus declaraciones con el logro de un acuerdo de paz con las Farc, con el posconflicto y la posibilidad de incluir desmovilizados en el proyecto esbozado por el Mandatario en su visita a París. Ése es el segundo elemento a resaltar, el que debería ser analizado en el contexto de un país que haya superado plenamente el conflicto y exista ya un compromiso serio de silenciar las armas y detener la violencia como instrumentos políticos o delincuenciales. Pero ya es evidente que este segundo elemento se constituyó en eje de una polémica en la cual, el Procurador General de la Nación sugirió la posible negociación de la Fuerza Pública en los diálogos de La Habana. Desde varios sectores se produjeron reacciones inmediatas muchas de ellas provenientes de la oposición y otras de sectores que no están de acuerdo con hacer concesiones en la negociación que se adelanta con las Farc. Y si bien aparecieron defensores de la iniciativa, empezando por integrantes del Gobierno Nacional, lo cierto es que la propuesta presidencial tiene grandes resistencias. La polémica está pues planteada. Pero mal planteada, dado que no se conocen a fondo los elementos que conforman la propuesta presidencial. No se sabe por ejemplo si será una organización distinta a la Policía Nacional o si será parte integrante de ella. Tampoco puede decirse que es una realidad puesto que el presidente Santos la presentó como una hipótesis en un país que ha ofrecido su colaboración a Colombia. Y, tal vez lo más importante, no ha sido consultada a la Nación, que debe tener la última palabra y no parece ser muy amiga de incluir a la guerrilla en los cuerpos de seguridad.