La formación de los jueces

" Es claro que los Jueces y Magistrados deben hablar el mismo idioma, para que la jurisprudencia tenga el valor que de ella se espera. De lo contrario, y como ocurre hoy, serán frecuentes los fallos opuestos, el choque de trenes por la tutela y el consiguiente desprestigio de una actividad vital para mantener la concordia y la convivencia en Colombia".

El resultado de las pruebas a funcionarios de la rama judicial para aspirar a cargos de jueces y magistrados es otro motivo de preocupación para el país. El escaso número de aspirantes que pasaron el examen es otro indicativo más de la crisis que padece la Justicia en Colombia. Empezando por la confiabilidad del proceso y el eterno debate sobre su realización, las pruebas demostraron hasta dónde ha caído la confianza en un servicio público que debería estar exento de cuestionamientos. Demandas sobre irregularidades, denuncias sobre fraude y venta de los resultados, así como quejas de los funcionarios que según muchos de ellos impidió su participación, sembraron una estela de dudas sobre un trámite de especial trascendencia para Colombia: ni más ni menos que garantizar que se elegirán a los mejores jueces, quienes tendrán que resolver los conflictos de la sociedad y sus individuos.No son pues funcionarios de poca importancia. Por eso, su selección debe estar por encima de cualquier sospecha o cuestionamiento. De igual manera, debe exigir de los participantes la seriedad y preparación que les asegure a los colombianos una Justicia seria. Infortunadamente, no ocurrió así en las pruebas realizadas el pasado diciembre. Que sólo 1341 de los 27690 aspirantes las hayan aprobado, indica a las claras una situación alarmante. No puede ser que sólo el 6,2% de los concursantes pasen los exámenes, y que no se produzca una alarma sobre lo acontecido.Sin duda, los problemas estructurales que afectan a la Justicia debido a las diferencias entre las Altas Cortes, a la mala actuación del Consejo Superior de la Judicatura y a la indudable politización que experimenta, son causas de su crisis. Pero también es claro que el Estado nunca ha puesto en práctica lo que dice el artículo 113 de la Constitución Nacional sobre la colaboración armónica de los Poderes Públicos para lograr la realización de sus fines. En consecuencia, la Rama Judicial no ha tenido los recursos que demanda y de ello se habla sólo cuando ocurren los paros organizados por sus sindicatos para exigir aumentos y prebendas.El resultado es que no parece existir una orientación sobre los jueces que necesita Colombia, los conocimientos, la capacitación y la actualización que deben tener, y el compromiso del Estado para mantener unas instituciones judiciales sólidas y creíbles. Es claro que los Jueces y Magistrados deben hablar el mismo idioma, para que la jurisprudencia tenga el valor que de ella se espera. De lo contrario, y como ocurre hoy, serán frecuentes los fallos opuestos, el choque de trenes por la tutela y el consiguiente desprestigio de una actividad vital para mantener la concordia y la convivencia en Colombia. Antes que en la legislación, en la falta de preparación y en el desconocimiento que mostró el concurso para ascender a jueces y magistrados, están muchas de las razones de la debacle que experimenta la Justicia colombiana. Por eso, la tarea debe ser revisar la Rama Judicial, empezando por tener un organismo administrativo eficiente que permita contar con jueces idóneos.