La cultura de la trampa

En Colombia más se demora en crearse un programa para atender a las poblaciones más vulnerables, que los vivos en encontrar la manera de sacar provecho y quedarse con sus recursos a como dé lugar. La trampa como cultura nacional es la que impide ayudar a quienes sí lo necesitan o llevar el progreso a donde se requiere con mayor urgencia.

El ejemplo más reciente está en la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas, entidad encargada de asistir a quienes han resultado afectados por el conflicto armado colombiano. Como contó ayer su Director, se han detectado 15.000 registros que presentan inconsistencias y de ellos 6177, correspondientes a 34.641 personas, han sido excluidos del programa.

Los expulsados son en su mayoría falsas víctimas que mintieron en sus testimonios, presentaron documentos adulterados o cometieron los delitos de fraude procesal y estafa. Según la denuncia, detrás de esa trampa hay redes de estafadores que operan por todo el país, engañan a incautos para quedarse con las ayudas o se lucran de las millonarias indemnizaciones. Lo más graves es que, según Ramón Rodríguez, director de la Unidad, en poblaciones como Tumaco, Nechí y Apartadó se han detectado candidatos electorales engañando a afectados por el conflicto, ofreciéndoles indemnizaciones a cambio de votos.

Es lo mismo que pasa con el Sisbén, donde todavía hay miles de colados recibiendo subsidios o servicios gratis pese a ser de estratos tres, cuatro, cinco o hasta seis. O lo que sucede con los programas de Vivienda Social y Familias en Acción del Gobierno Nacional, y similar a lo que ocurre con los proyectos asistencialistas de los municipios. ¿Cuánto le cuestan esos fraudes a los recursos públicos, es decir al bolsillo de los contribuyentes?

Un alto porcentaje del presupuesto de la Nación se destina a otorgar subsidios a la población con mayores necesidades o, como en este caso, a reparar a las víctimas, pero pocos se atreven a investigar cuánto de ese dinero cumple realmente su objetivo y llega a quien debe hacerlo.
Tampoco se rinden cuentas sobre esas pérdidas, entre otras razones porque en esos programas se ha incrustado el clientelismo, que en muchos casos es el que designa a sus administradores, propone los beneficiarios y decide cuánto se les da.

Calcular el fraude no es fácil, como tampoco lo es desmantelar el entramado que está detrás de ello. Si hasta ahora en la Unidad de Víctimas se han comprobado 35.000 falsas víctimas, entre las 8,8 millones que estaban registradas a junio de 2019, se puede deducir que el número es, con creces, más alto. Lo peor es que son miles los colombianos que sí tienen derecho a recibir las ayudas o a ser indemnizados, a los que nunca les ha llegado la ayuda prometida.

Apoyar los programas que están motivados en la solidaridad o en la reparación parece inobjetable, pero también debe serlo el descubrir y castigar a quienes sacan provecho indebido de ellos. Colombia no puede permitir más esa política del subsidio unida a la corrupción y el clientelismo, que da como resultado la cultura del fraude, porque ello desincentiva su respaldo tanto como el pago de impuestos de los contribuyentes, mientras crecen los problemas sociales en el país.