La agonía del MÍO

Si antes de la pandemia, el sistema de transporte masivo de Cali atravesaba por un momento crucial ante los problemas que lo afectaban, la embestida de la violencia de las últimas semanas lo tienen al borde de la desaparición. Por ello, es el momento para conocer cuál es la posición del Municipio frente a un servicio público vital para la ciudad y sus habitantes.

Es ni más ni menos que el sistema nervioso de las comunicaciones en una ciudad donde cientos de miles de hogares deben recurrir a él para trasladarse a sus sitios de trabajo, a los centros de educación o a cumplir con sus diligencias y a realizar las actividades propias de una urbe moderna. Tan importante es su papel, que el Estado tomó la decisión de crear un monopolio que asumiera esa función, acabando con el caótico y asfixiante sistema de los más de cinco mil buses y busetas que se tomaban las calles de la ciudad y montaron lo que hace 12 años se conocía como la guerra del centavo.

Es claro que el MÍO arrancó con graves problemas que aún no han sido resueltos, no obstante que el Municipio se ha mostrado dispuesto a subsidiar su operación y la Nación mantiene el compromiso de financiar el 70% de la infraestructura que requiere. Así pudo llegar a transportar cerca de 600 mil usuarios cada día, llegando a gran parte de los barrios de la ciudad y ofreciendo una alternativa económica, segura y oportuna para los caleños que lo requieran.

Esa importancia lo convirtió en el objetivo del vandalismo que utilizó el paro nacional y la protesta social para sembrar la violencia, lo que se sumó a las restricciones para enfrentar la pandemia. Quienes promovieron esa destrucción sabían el daño que le podían causar a los sectores menos pudientes de la sociedad de Cali y no les importó destruir sus instalaciones o arrasar con una gran cantidad de los buses que prestaban el servicio a través de sus cuatro operadores.

El saldo es desolador: 18 buses incinerados, 87 más vandalizados, más de cincuenta estaciones arrasadas y su sistema de comunicaciones saboteado. Y si bien existen las pólizas de seguros que permitirán recuperar parte de los bienes y la infraestructura destruidos, el Sistema ha recibido un golpe demoledor que reclama de decisiones de gobierno para asegurar su continuidad.

Como resultado, hay una emergencia de grandes proporciones en el trasporte público de la capital vallecaucana que no se resuelve autorizando el regreso de los buses y las busetas y la guerra del centavo. Y además de los perjuicios que los operadores han recibido por los cincuenta días de desorden que padeció el MÍO, las fallas estructurales del sistema que no han sido resueltas a través de su existencia amenazan su continuidad y pueden desatar conflictos jurídicos que tendrán graves repercusiones para sus usuarios, para Cali y para sus finanzas municipales.

Esa realidad reclama que el gobierno local se pronuncie con claridad sobre cuál será el futuro del MÍO. Es la oportunidad para revisarlo a fondo de tal manera que pueda ser por fin el servicio de transporte público que necesitan los habitantes de Cali.