Hay que replantear las políticas de seguridad

El repliegue hacia Colombia de las estructuras armadas del Eln y las disidencias de las Farc, tras la incursión militar en la que Estados Unidos extrajo a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, va más allá de un simple reacomodo territorial y estratégico.

Representa una amenaza implícita a la seguridad en Colombia, hacia donde están retornando unos grupos armados fortalecidos en número y capacidad militar tras décadas de refugio seguro en Venezuela, para entrar inevitablemente en la disputa por el control de las economías ilícitas en los departamentos de frontera.

Ni más ni menos que el anuncio del recrudecimiento de la violencia en zonas de por sí vulnerables de los departamentos de Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, donde sobreviven comunidades campesinas. De hecho, ya la Defensoría del Pueblo ha advertido que 224 municipios enfrentan un riesgo alto o extremo en materia de seguridad por la presencia de esos grupos armados.

Una realidad que compromete, además de la integridad y la seguridad de las comunidades rurales que intentan sobrevivir en esos territorios, el ejercicio democrático y el voto libre, teniendo en cuenta que el 2026 es un año de elecciones legislativas y en el que también está en juego la escogencia de quién sucederá a Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

Unos comicios en los que históricamente han jugado los grupos armados ilegales en su estrategia de cooptar no solo las regiones sino el poder político a través de funcionarios y dirigentes afines a las causas e intereses de esas organizaciones criminales.

Por eso, políticas como la de la Paz Total demandan un ‘vuelco total’ para revertir las consecuencias de una estrategia que solo permitió la expansión territorial de esas organizaciones criminales y el retroceso del Estado en algunas zonas del país.

Con las alarmas encendidas sobre el impacto que tendrá en Colombia el repliegue de los grupos armados hacia los departamentos de frontera, aumenta la necesidad imperiosa de trazar una estrategia de seguridad que garantice la tranquilidad de las comunidades vulnerables.

Sobre todo porque, en el lenguaje de esas organizaciones ilegales, el logro del control territorial se reduce al incremento de las amenazas, el desplazamiento y todo tipo de crímenes para lograr, mediante la intimidación y el miedo, la sumisión y la fidelidad de los habitantes afectados.

Una vez más, la esperanza de comunidades indígenas y campesinas asentadas a lo largo de los 2200 kilómetros de la zona limítrofe con Venezuela se centra en el fortalecimiento y la presencia de la Fuerza Pública para garantizar su seguridad y el ejercicio de la soberanía del Estado, pero también en ofertas institucionales para hacer más atractivas las ofertas de la legalidad.

Y, ante la nueva amenaza que advierten los expertos, el paso inicial es recomponer con urgencia el camino en materia de seguridad nacional, conscientes de que atender esta coyuntura con el mismo postulado de la Paz Total solo pueden dejarle a estas regiones fronterizas consecuencias humanas y sociales devastadoras, en tanto que el resto del país queda ad portas de una nueva escalada violenta.